La resolución partió de una iniciativa de Izquierda Unida, corregida por una enmienda presentada por el Grupo Socialista. El dputado de IU Ernesto Caballero señaló que su grupo aceptaba la enmienda, "a pesar de que no contiene iniciativas tan incisivas, porque tiene su parte positiva".

Caballero afirmó el número de incendios y hectáreas quemadas ha superado las previsiones del Ministerio Agricultura y destacó a Andalucía y Valencia como las comunidades autónomas más afectadas.

El diputado de IU aseguró que, en lo que va de año, ya han ardido más de 214.000 hectáreas y explicó que en ese periodo de tiempo sólo se repuebln unas 40.000.

Por su parte, el Partido Popular (PP) criticó al Ejecutivo socialista por no haber elaborado un Plan Nacional de Reforestación y añadió que las Administraciones central y autonómicas no habían invertido, en muchos casos, el dinero previsto en la lucha contra incendios.

Además, resaltó que, mientras en la comunidad gallega han descendido el número de incendios, en Andalucía la superficie afectada es cinco veces superior a la de 1990 y en Madrid, siete.

También el CDS criticó laenmienda de los socialistas por considerarla insuficiente, si bien votaron a favor, como el resto de los grupos parlamentarios.

El diputado centrista Rafael Martínez-Campillo declaró que "el problema no es ecológico, sino económico. Los españoles nos gastamos (a consecuencia de los incendios forestales) 50.000 millones de pesetas al año".

La resolución aprobada propone, además, la creación de un voluntariado para la vigilancia y extinción de incendios, el desarrollo de un nuevo Plan de Acciones Pioritarias, la regeneración de masas arboladas en la superficie afectada y el reconocimiento a los integrantes de las cuadrillas de la condición de trabajadores fijos discontinuos y la promoción de nuevas plantaciones

Asimismo, insta al Gobierno a "estudiar dentro de la reforma del Código Penal, la posibilidad de aumento de penas de prisión para aquellos que provoquen incendios forestales", así como a introducir las modificaciones legislativas que faciliten un control de las propuestas de cambio de us de terrenos arbolados.