La Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados aprobó la iniciativa, destinada a mejorar la respuesta institucional a las personas afectadas por la talidomida en España, un colectivo que arrastra desde hace décadas las consecuencias de uno de los mayores escándalos sanitarios del siglo XX.

La iniciativa, defendida por el diputado socialista Emilio Sáez Cruz, insta al Gobierno a realizar un estudio sobre la aplicación y los efectos del Real Decreto 574/2023, que regula el procedimiento de concesión de ayudas a las víctimas nacidas entre 1950 y 1985, con el objetivo de "detectar disfunciones y valorar incluso la apertura de nuevos plazos de solicitud para personas ya reconocidas que han perdido su derecho a las ayudas". Además, plantea continuar "facilitando tratamientos rehabilitadores y ortoprotésicos", eliminar copagos asociados a las lesiones derivadas del fármaco, "reclamar una mayor implicación económica de la farmacéutica Grünenthal y de las empresas distribuidoras en España", y organizar un acto público de reconocimiento a las víctimas y sus familias.

Durante su intervención, el portavoz socialista contextualizó la tragedia provocada por la talidomida, un fármaco comercializado a finales de los años cincuenta y principios de los sesenta como sedante para mujeres embarazadas y que causó graves malformaciones congénitas, "marcando un antes y un después en la farmacovigilancia mundial". Sáez Cruz recordó que fue un Gobierno socialista quien reconoció en 2009 la jubilación anticipada para las personas afectadas, aprobó en 2010 el primer sistema de ayudas e indemnizaciones (de entre 30.000 y 100.000 euros según el grado de discapacidad) y amplió y actualizó ese marco en 2023, extendiendo el periodo de cobertura de cinco a 35 años.

No obstante, el debate estuvo dominado por la dura intervención del Partido Popular, que, pese a anunciar su voto favorable a la iniciativa, lanzó un severo reproche al Gobierno por lo que consideró "una gestión fallida y dilatoria de las reivindicaciones de las víctimas".

A LA ESPERA DE JUSTICIA

El portavoz popular, Pedro Samuel Martín García, acusó al Ejecutivo de “llegar tarde y mal” y de recurrir una vez más a una iniciativa “que no ejecuta, no obliga y no soluciona”. “No estamos ya ante un problema de diagnóstico, sino de ejecución, y ustedes no han ejecutado”, afirmó, denunciando que en 2026 las víctimas siguen “esperando justicia” pese a décadas de anuncios, normas y compromisos.

El PP censuró que la PNL vuelva a plantear estudios y revisiones de un real decreto “cuando todo está más que estudiado”, sin garantizar "indemnizaciones reales ni establecer mecanismos obligatorios" para que la farmacéutica responsable asuma su responsabilidad económica. Según los populares, la iniciativa socialista vuelve a dejar a las víctimas “en la incertidumbre”, tras haberse cerrado la vía judicial contra la empresa por prescripción de las acciones.

Asimismo, Martín García denunció el bloqueo en el Congreso de más de un centenar de iniciativas legislativas, entre ellas una proposición de ley del Partido Popular ya aprobada en el Senado para eximir fiscalmente las ayudas y compensaciones percibidas por las víctimas de la talidomida. A su juicio, no se trata de ayudas ordinarias, sino de reparaciones por un daño causado, “y no tiene sentido que tributen como un ingreso más”.

BENEFICIOS FISCALES

El Grupo Popular subrayó que mientras algunas comunidades autónomas han adoptado medidas fiscales para aliviar la carga de las familias afectadas, el Gobierno central sigue sin tramitar cambios normativos efectivos. “Cuando se quiere se puede, y cuando se prioriza se nota”, sostuvo el portavoz popular, quien afirmó que el PP “siempre estará con las víctimas”, aunque expresó “serias dudas” sobre la utilidad real de la PNL aprobada este jueves.

Vox, por su parte, defendió enmiendas centradas en la exención en el IRPF de todas las ayudas, rentas o compensaciones recibidas por las personas afectadas por la talidomida, reclamando un reconocimiento fiscal pleno del daño sufrido. Pese a las críticas cruzadas, todos los grupos coincidieron en expresar su apoyo al colectivo de víctimas y en reconocer la injusticia histórica que arrastran.