Durante su intervención, Urtasun sostuvo que existen “pocas expresiones culturales” que expliquen mejor quiénes son los españoles como sociedad que el cine y defendió que el audiovisual se ha convertido en uno de los sectores estratégicos de la economía europea. Asimismo, aseguró que el ecosistema actual poco tiene que ver con el existente cuando se aprobó la ley vigente.

El ministro afirmó que el cine español atraviesa “uno de los momentos más estimulantes” de su historia y destacó la presencia de creadores y actores españoles en los principales escaparates internacionales. También recordó que España registró este año una participación récord en el Festival de Cannes y defendió que ocho de las diez producciones europeas más vistas durante el último año fueron españolas.

En este contexto, reclamó “una legislación a la altura de este éxito” y garantizó que el diálogo con el sector y con los grupos parlamentarios continuará abierto durante la tramitación de la norma para mejorar el texto antes de su aprobación definitiva.

La enmienda presentada por Vox cuestionaba el modelo de ayudas públicas previsto en la ley, expresaba su rechazo a determinados criterios incluidos en el texto para la concesión de subvenciones y planteaba discrepancias con la definición de productor independiente recogida en la norma.

Por su parte, la enmienda del Partido Popular defendía la necesidad de actualizar la legislación audiovisual, pero consideraba que el proyecto había quedado desfasado tras varios años de tramitación. Además, reclamaba una revisión más amplia del marco regulatorio, mayor consenso con el sector y cambios en cuestiones como los incentivos a la producción, la definición de productor independiente y la competitividad internacional de la industria audiovisual.

El diputado de Vox José Ramírez del Río calificó el proyecto como un “sabotaje” para el sector audiovisual y acusó al Ejecutivo de profundizar en un modelo basado en las subvenciones. Además, criticó que el texto mantenga, a su juicio, el mismo enfoque que el presentado durante la anterior legislatura.

Desde el PP, Soledad Cruz-Guzmán García lamentó que el Gobierno no haya logrado el consenso suficiente para sacar adelante una ley “ambiciosa” para el sector y reprochó al Ejecutivo haber perdido la oportunidad de alcanzar acuerdos con los grupos parlamentarios. También reivindicó el papel del cine como reflejo de la historia y la diversidad de la sociedad española.

DEBATE

Durante el turno de intervenciones, el diputado del PSOE Marc Lamuà defendió el rechazo de las enmiendas de totalidad al sostener que la votación no decidía el contenido definitivo de la ley, sino si el Congreso debía trabajar sobre ella o bloquear su tramitación. Además, reprochó al PP que reclame una actualización normativa mientras propone devolver el texto al Gobierno.

Lamuà también cargó contra Vox por su rechazo a aspectos de la ley relacionados con la diversidad, la igualdad y la inclusión, y defendió que esos principios forman parte de una concepción plural de la cultura y de la sociedad española.

Desde Sumar, el diputado Nahuel González defendió la tramitación de la norma al sostener que “nuestro cine nos necesita, pero nosotros también lo necesitamos para imaginar nuestros propios futuros y no resignarnos a que siempre sean otros los que decidan qué historias merecen existir”. Además, criticó las enmiendas de PP y Vox al considerar que a sus impulsores “les molesta la igualdad” y las medidas de inclusión contempladas en el texto.

Por su parte, la portavoz de Podemos, Martina Velarde, cargó contra PP y Vox al afirmar que “les importa nada la cultura” y reprocharles que cuestionen la existencia de un Ministerio de Cultura. No obstante, también dirigió críticas al Gobierno y al propio ministro al señalar que la ley “llega tarde y mal” y que no se ha construido el consenso suficiente con una parte del sector audiovisual.

Desde el PNV, Joseba Andoni Agirretxea recordó que “llevamos años escuchando que esta ley se aprobará pronto” y lamentó que el sector continúe esperando una actualización normativa comprometida desde hace años mientras que la diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua calificó la norma como “una ley necesaria” y reconoció que desde 2022 se han producido cambios que obligan a introducir modificaciones y adaptaciones. En cualquier caso, rechazó las iniciativas de devolución al considerar que las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox eran “inaceptables”.

En representación de Junts, Josep Maria Cruset defendió que se trata de una ley “potente, transversal y necesaria”, aunque advirtió de que “queda mucho trabajo por hacer” y de que será necesario seguir negociando para incorporar mejoras y lograr los apoyos suficientes para que responda a las demandas del sector audiovisual. Por último, Álvaro Vidal, de ERC, reclamó que durante la tramitación se siga escuchando al sector y aseguró que su formación está atenta a las demandas de la industria audiovisual. Asimismo, destacó que de esta ley depende también una financiación “mínima y estable” para la producción cinematográfica en catalán, euskera y gallego, y celebró que la norma pueda seguir avanzando en el Congreso porque, a su juicio, “en temas de país hay que ir de la mano”.