La diputada socialista Leire Pajín recordó que el derecho de asociación está regulado en la Constitución y añadió que el artículo 22 de la Carta Magna insta a los poderes públicos a facilitar la participación de los ciudadanos en la vida política, económica, social y cultural.

Además, Pajín insstió en que la Ley de Asociaciones constituye una "asignatura pendiente", ya que la actual normativa data de 1964.

Sin embargo, el diputado del PP Jesús López-Medel afirmó que la propuesta socialista "sólo busca protagonismo" y destacó que el Gobierno ya aprobó el pasado mes de enero un anteproyecto de ley que regula el derecho de asociación, pendiente en la actualidad del dictamen del Consejo de Estado.

López-Medel también señaló que la proposición del ley constituía una "trampa para las asociacones por su rigidez", ya que indicó que regula algunos aspectos que deberían ser desarrollados reglamentariamente en el futuro.

Por su parte, los grupos nacionalistas justificaron su rechazo a la propuesta del PSOE argumentando que invadía las competencias de las comunidades autónomas.

La proposición de ley socialista constaba de 9 capítulos, 42 artículos, 3 disposiciones adicionales, 1 transitoria, 1 derogatoria y 2 finales.

El texto definía el derecho de todas las personas a "asociarse libemente", excepto en el caso de las asociaciones secretas y paramilitares, que las prohibía. Asimismo, permitía a los extranjeros promoverlas, siempre que residieran en España.

La propuesta regulaba la creación de un registro nacional de asociaciones y de registros autonómicos para inscribir a aquellas que desarrollaran su actividad en el ámbito territorial de alguna comunidad.

También legislaba sobre la remuneración de los cargos directivos y los trámites y requisitos necesarios para que las asocaciones fueran declaradas de utilidad pública.