El real decreto, que contó con 165 votos a favor y 183 en contra, fue rechazado por el PP, Vox, Junts per Catalunya, Podemos y el BNG.

En la defensa del real decreto, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, pidió a los grupos del Congreso “responsabilidad y altura de miras con todos los españoles y con nuestro tejido productivo y las empresas” y defendió que las medidas son fruto de las conclusiones del Comité de Análisis creado por el Gobierno, que según destacó van en la línea de las adelantadas por el comité independiente de los operadores europeos que elabora su informe para la Comisión Europea.

Según la vicepresidenta, dicha conclusión fue que “la tensión no pudo controlarse bien porque la programación no fue suficiente o bien porque los grupos programados no actuaron de manera adecuada o por una combinación de ambas”.

A este respecto, aseguró que el Ejecutivo ha tenido un “doble compromiso” desde el pasado 28 de abril, que es “trasladar información rigurosa y técnicamente sólida sobre lo que ocurrió y poner encima de la mesa medidas para reforzar el sistema eléctrico”.

Por ello, destacó que el paquete de medidas recoge recomendaciones y actuaciones concretas para reforzar la resiliencia del sistema y para prepararlo para los retos del futuro, así como muchas propuestas presentadas por los grupos del Congreso. “De eso va el decreto ley que hoy traemos a la Cámara”, añadió.

“Tengo la convicción de que los grupos de esta cámara más allá de la creación de las comisiones de investigación comparten el compromiso de ofrecer respuestas a la ciudadanía ante lo ocurrido el 28 de abril y aquí traemos respuestas”. “Estas medidas tienen un gran consenso fuera de la Cámara y deberían tenerlo dentro”, concluyó.

Fuentes del PP adelantaron su voto en contra antes de que su portavoz, Guillermo Mariscal, interviniera en el debate de convalidación del decreto, donde acusó al Gobierno de ser el responsable del cero eléctrico.

Además, anunciaron que el PP presentará una proposición de ley en el Congreso en coordinación con las comunidades autónomas para garantizar las inversiones que el país necesita en materia de energía. “Nos negamos a avalar las políticas del Gobierno”, apuntó Mariscal, quien añadió que “no apoyamos una política energética suicida que pone en riesgo la seguridad, la economía y la confianza de todo un país”.

Entre los grupos que también anunciaron voto en contra , Martina Velarde, de Podemos, justificó su rechazo en la ausencia de medidas para obligar a las eléctricas a invertir así como de sanciones para estas compañías. “Las eléctricas se forran y su fiesta la tenemos que pagar entre todas”, denunció, antes de advertir de que el decreto “deja la regulación y el funcionamiento del sistema tal y como estaba” y que “las posibilidades de que haya un nuevo apagón son las mismas”.

En la misma línea, el portavoz del BNG, Néstor Rego, criticó que el real decreto ley “da todavía más poder a las empresas del sector eléctrico para instalar parques donde quieran”. “No queremos favorecer el lucro del oligopolio sin obtener contrapartida”, prosiguió,. Mientras, Miriam Nogueras, de Junts, no habló sobre el tema del debate pero amenazó con que “los votos de Junts no son un cheque en blanco”.

Por último, José María Figaredo, de Vox, expresó también su rechazo al decreto, que calificó de "auténtica vergüenza” y afirmó que “se trata de “pasta para callar la boca a las eléctricas para que no cante la gallina: que el apagón lo provocó el Gobierno y sus políticas”.

LAS MEDIDAS

Entre otras medidas, el Gobierno exigía a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que realizara un informe trimestral sobre el cumplimiento de las plantas de generación con obligaciones en el control de la tensión y daba un plazo de seis meses para que elabore el primero de estos informes.

Además, el Gobierno demandaba también a la CNMC que elaborara un plan de inspección de las capacidades de reposición del sistema para verificar que todos los elementos pueden funcionar a lo largo del territorio. En este caso, dicho informe se iba a realizar cada tres años.

Asimismo, otra novedad importante era que los periodos de programación de la red eléctrica pasaban a ser trianuales, en lugar de los seis años actuales, y se aprobaban modificaciones de aspectos puntuales cada dos años.

Igualmente se encargaba a Red Eléctrica que elaborara propuestas de modificaciones normativas sobre las respuestas frente a las oscilaciones de potencia, sobre la velocidad de variación de tensiones, sobre la programación de las restricciones técnicas y sobre otros elementos técnicos que contribuyen a fortalecer la seguridad del sistema.

De igual modo, se le encomendaba el desarrollo de un nuevo procedimiento de operación para coordinar los planes de desarrollo de la red de transporte y de la red de distribución y una propuesta de requisitos mínimos de monitorización para análisis de incidentes.

Por otro lado, Red Eléctrica también incorporaba a sus funciones la de servir como punto de acceso único a los datos de los clientes finales, siempre respetando la confidencialidad de la información personal, para mejorar el funcionamiento de los mercados de electricidad.

Hasta ahora, esta información, procedente de 30 millones de contadores inteligentes, se encuentra repartida por más de 300 compañías distribuidoras.

ELECTRIFICACIÓN

Además de la programación trianual, de manera excepcional, para anticipar futuras necesidades de regulación de tensión y amortiguamiento de oscilaciones, entre otras variables eléctricas, se iba a modificar con tramitación acelerada la vigente Planificación con horizonte 2026 para incluir compensadores síncronos, reactancias y otros elementos que presten servicios adicionales, lo que, a la par, reducirá el coste de las restricciones técnicas.

Paralelamente, para facilitar la conexión a las redes eléctricas de nuevas actividades económicas, industriales principalmente, se revisaba la normativa de acceso y conexión de la demanda, fijando en cinco años el plazo de caducidad de los derechos de acceso, lo que posibilitaba un mayor aprovechamiento de redes existentes y, actualmente, en desuso.

Igualmente, se acortaban los plazos para que las empresas eléctricas atiendan nuevos suministros y se adoptan disposiciones para agilizar la conexión de nuevos accesos para demanda, principalmente industrial.

Las facilidades de conexión alcanzan igualmente a las acometidas de los puntos de recarga para vehículos eléctricos, que quedaban exentas de autorización, siempre que no sea necesaria una evaluación de impacto ambiental ni una declaración de utilidad pública.

En la línea de medidas de electrificación, al objeto de fomentar el autoconsumo, la distancia máxima entre la generación y el consumo aumenta aba 5 kilómetros para instalaciones menores de 5megavatios , se flexibilizan las tipologías, y se introduce la figura del gestor de autoconsumo, que podrá ejercer de representante de los partícipes, facilitando las gestiones necesarias para su buen funcionamiento.

También se favorecía la electrificación de la climatización en las comunidades de vecinos y se habilitaba a los ayuntamientos la aplicación de deducciones del 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles y del 95% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras ( ICIO), tal como ya sucede con el autoconsumo.

Por último, para seguir potenciando la demanda y la electrificación industrial, el decreto incorporaba la exención del 80% de los peajes eléctricos a la industria electrointensiva con carácter retroactivo desde el pasado 23 de enero, habida cuenta de la eficacia que ha demostrado desde su establecimiento, hace dos años y medio, con motivo de la guerra de Ucrania.

La tramitación de los proyectos de renovables también se modificaba para facilitar su ejecución, evitar costes derivados de la fuerte competencia internacional y optimizar la calidad de las instalaciones. Y se fomentaba la renovación de instalaciones de generación (su repotenciación) reduciendo los plazos administrativos a la mitad, siempre que la potencia resultante sea inferior al 125% de la original.

ALMACENAMIENTO Y FLEXIBILIDAD

Como medida adicional para reforzar la resiliencia del sistema, el decreto daba un impulso muy relevante al almacenamiento, tanto mediante la hibridación en instalaciones de generación como con su incorporación al sistema eléctrico en general.

Para ello, se agilizaba la tramitación administrativa de los expedientes, especialmente en el ámbito de proyectos que sean competencia de la Administración General del Estado, con una reducción de los plazos a la mitad.

Finalmente, se modificaba la Ley 24/ 2013 del sector eléctrico para incorporar nuevas herramientas de flexibilidad, entre las que destaca la figura del agregador independiente, que combinará múltiples consumos y la electricidad generada por consumidores, productores o instalaciones de almacenamiento para su venta o compra en los mercados de electricidad y la prestación de servicios al sistema.