La diputada del PP Cuca Gamarra fue la encargada de defender la iniciativa de los populares, la cual fue muy criticada por el resto de grupos parlamentarios, que acusaron a los populares de, entre otros, querer que "desaparezca ese mínimo control que existe con la denominación de los vocales judiciales por parte de las cámaras elegidas por voto popular", como apuntó el diputado del BNG Néstor Rego, quien añadió que lo que querían era "una Justicia más reaccionaria todavía".

La popular llegaba al pleno para pedir el voto a una proposición que partía de la "resistencia del Ejecutivo al cambio", como establece la Ley 3/2024 de reforma del Poder Judicial, pactada con el PSOE, partido que también la rechazó.

Para Gamarra, es necesario que los jueces elijan a los jueces, y defendió que su propuesta cumple tanto con lo acordado con el Gobierno como con las exigencias del Informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) y del Consejo de Europa a través de la Comisión de Venecia. Y avisó al PSOE de que, si votaba en contra, debilitaría el Estado de derecho, porque, entre otros, con la reforma se acabaría con "posibles injerencias políticas del Ejecutivo".

Sin embargo, las críticas se fueron sucediendo. Desde el PSOE, Francisco Aranda pidió a la popular quitarse "la careta" y la acusó de querer "puentear la Constitución" y "hurtar a las Cortes Generales el nombramiento de los vocales del Consejo", además de "entregar la Justicia a las asociaciones conservadoras". Tras tacharla de "cínica", le recordó que la intervención de las Cortes en esta designación "no es una injerencia política en el poder judicial", sino el "mecanismo que vincula al poder judicial con el poder constituyente".

Una línea similar siguió Noemí Santana, de Podemos, quien denunció que el PP no busca despolitizar la Justicia, sino "que la cúpula judicial conservadora se perpetúe sin pasar por la soberanía popular" y que "una élite judicial sea quien decida quiénes deben estar al frente".

"POSTUREO"

Josep Pagès, de Junts, señaló que en la propuesta de los populares había "mucho postureo y muy pocas ganas de entrar en el fondo del problema de la Justicia en el Estado español", incidiendo en que ni PP ni PSOE defiende una Justicia "independiente y despolitizada. Tras acusar al PP de "defender medidas por su interés parcial", señaló tajante que si existe un órgano "politizado por definición", es el CGPJ, formado por "jueces partidistas cuya principal función es designar jueces de acuerdo con cuotas partidistas". "Y la propuesta del PP no pretende cambiarlo", remarcó.

Por su parte, la diputada de ERC Pilar Valluguera, que comenzó denunciando también el "cinismo" de Gamarra con su propuesta, cargó contra la Justicia española, la cual dijo, no querría en su "casa". Además, señaló que el CGPJ, "no es que no tenga prestigio, es que no tiene credibilidad alguna".

Desde Sumar, Enrique Santiago afeó el "mantra antidemocrático" que supone que los jueces elijan a los jueces, porque sería como proponer "que los diputados se elijan al siguiente Congreso o que los ministros y ministras elijan el siguiente Consejo de Ministros". Y acusó al PP de querer "acabar con la intervención democrática en la elección de un órgano constitucional": "Eso que ustedes llaman politización es la pluralidad de la democracia, una conquista de las fuerzas políticas", sentenció.

Menos duro, aunque también anunció su voto en contra, fue el diputado del PNV Mikel Legarda, quien consideró que la propuesta popular no es la única que se adecuaría a los estándares y exigencias europeas, instando a afrontar la elección de un nuevo modelo "desde un punto de vista distinto".

"DEGRADACIÓN"

Mientras, José María Sánchez, de Vox, cargó contra todos los grupos que habían intervenido previamente, incluido el PP, acusando a todos de "mentirosos". Partido este al que culpó también de contribuir a la "degradación espantosa" del CGPJ. Según defendió, la independencia del poder judicial no radica en el modo de elección de los vocales del CGPJ, sino que el problema es que sus vocales "no ejercen la función jurisdiccional". Su solución: reformar las normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regulan los nombramientos de los magistrados de las Salas del Tribunal Supremo, los de los presidentes a las audiencias provinciales o de los Tribunales Superiores de Justicia. Y que esos nombramientos "no se hagan con arreglo a criterios discrecionales que aplique el Consejo". Y zanjó su intervención acusando a todos de querer "controlar a jueces y magistrados".

PROPUESTA RECHAZADA

La propuesta rechazada planteaba principalmente que los 12 vocales de procedencia judicial sean escogidos directamente por el conjunto de jueces y magistrados en activo, mientras que el Congreso y el Senado elijan a los ocho restantes (cuatro cada Cámara) entre juristas de reconocida competencia, además de a sus respectivos suplentes. En la actualidad, los 20 vocales son elegidos por las Cortes Generales a razón de diez en cada Cámara (cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial), para lo que es necesaria una mayoría de tres quintos.

Otra de las novedades era la inclusión de lo que venía a ser una "cláusula antibloqueo" en el caso de los vocales a elegir por las Cortes y evitar así nuevos retrasos en su renovación tras los cinco años de su mandato.