Mientras los socialistas reivindicaron la necesidad de dotarlo de mayor capacidad de actuación, el PP y Vox cuestionaron la reforma por el supuesto riesgo de falta de independencia y por un incremento del intervencionismo del Gobierno y la burocracia.

El Pleno del Congreso debatió la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE que plantea una modificación de la Ley de creación del Instituto de la Mujer y de determinadas leyes procesales dentro de su ámbito competencial, para adaptar el instituto a la normativa europea y reforzar su capacidad real de actuación. Al ser rechazada, la propuesta no será tramitada.

Las claves de la reforma propuesta destacan el refuerzo institucional del instituto para que pase a tener más peso, con una presidencia reforzada (rango de subsecretaría) y elegida mediante un procedimiento público. También busca que tenga más funciones y competencias como la asistencia integral a víctimas de discriminación, la investigación de casos y recepción de quejas y la elaboración de informes y supervisión de políticas públicas de igualdad.

Asimismo, la propuesta busca que el instituto tenga capacidad para litigar, es decir, que podría actuar ante los tribunales, incluso en defensa de intereses colectivos o difusos, no solo en casos de personas individuales. La proposición de ley también incluye control del impacto de la inteligencia artificial (IA). Así, la propuesta responde a nuevas normas de la UE que obligan a los Estados miembros a contar con organismos de igualdad más independientes.

En la defensa de la iniciativa, la diputada del PSOE Lidia Guinart reivindicó el instituto como “institución clave” y señaló que el marco legal actual ha quedado desfasado respecto a la realidad de las políticas de igualdad y que la reforma permite reforzar su función dentro del sistema institucional.

Guinart enmarcó la propuesta en un contexto de riesgos para los avances en igualdad, con discursos “de misoginia, negacionismo, y de odio”. Por ello, defendió que “reforzar el instituto es fortalecer el Estado democrático de derecho” y garantizar un sistema de protección “robusto” para las víctimas, con el objetivo de consolidar los avances y evitar retrocesos.

CRÍTICAS

En contra de esta propuesta, la diputada de Vox Maria de los Reyes Romero Vilches rechazó la iniciativa porque cree que es un intento de “seguir reforzando el entramado ideológico construido alrededor de las políticas de género”. Para Vox, este texto busca avanzar en un mayor “intervencionismo administrativo”, alejándose de los problemas reales que afectan a las mujeres en el día a día.

Sus críticas se centraron en que la reforma incrementa la burocracia y el control institucional sin mejorar la situación efectiva de las mujeres, denunciando que pretende “censurar y controlar la IA” y ampliar la capacidad de intervención judicial del instituto.

Además, rechazó el enfoque de las políticas de igualdad al defender que las mujeres españolas “no necesitamos más organismos ni más burocracia”, sino medidas centradas en seguridad, conciliación y empleo, reivindicando una “igualdad real ante la ley” frente a lo que considera una estrategia basada en “categorías ideológicas”.

En esta línea, la diputada del PP Silvia Franco también tuvo una postura muy crítica con la iniciativa, centrada en la falta de independencia del Instituto de las Mujeres, cuestionando que pueda actuar como garante imparcial. Señaló que “llamar independiente a una estructura jerárquicamente sometida a este gobierno es una ficción”.

Al mismo tiempo, defendió que organismos con funciones de supervisión, atención a víctimas o capacidad de litigar deben contar con una “distancia real y efectiva respecto al poder político”, algo que la reforma no garantiza.

Así, criticó la forma y el fondo de la iniciativa. Denunció que se tramite esta propuesta con urgencia mediante proposición de ley y no como proyecto del Gobierno, lo que reduce garantías, y avisó de riesgos de mala organización institucional. En concreto, señaló que la propuesta genera “duplicidades” -por ejemplo, en el ámbito de la IA- y puede provocar confusión en la atención a las víctimas. Franco dijo que “esta ley no es una buena ley” porque responde a un intento “apresurado” de reorganizar el sistema sin suficiente calidad normativa.

En su caso, el diputado de Junts Josep Pagès también criticó la iniciativa y cuestionó su enfoque centralizador y defendió que la igualdad debe abordarse respetando la pluralidad territorial y que las directivas europeas no obligan a “una concentración de competencias en una institución estatal”. También rechazó la falta de garantías para las competencias autonómicas, denunciando que la propuesta “no incorpora ningún mecanismo para garantizar un equilibrio” con los organismos territoriales.

En este sentido, la diputada de Bildu Isabel Pozueta se opuso a la propuesta, pese a reconocer que es necesario actualizar las políticas de igualdad. Denunció la desconexión entre las instituciones y la realidad social, señalando que estas “hablan en nombre de las mujeres, pero no escuchan a las mujeres”.

Así, Pozueta cuestionó que la ampliación de competencias del Instituto no venga acompañada de mayor participación ni eficacia, ya que “amplía la estructura del instituto, pero no amplía la legitimidad social”. También alertó de riesgos de burocratización, duplicidades e indefinición en funciones, criticando que “más competencias no significa más igualdad”.

APOYOS

Por el contrario, la diputada de Podemos Noemi Santana mostró su apoyo a la iniciativa, pero situó el debate en la realidad cotidiana de las mujeres, preguntándose “cómo va a mejorar esta reforma en la vida de una camarera de piso” o de quienes afrontan solas los cuidados y la precariedad.

Santana criticó que la igualdad se aborde en términos “jurídicos, administrativos e incluso institucionales”, mientras que fuera del Parlamento “se mide por saber si se puede llegar a final de mes”. Aun así, defendió la propuesta porque considera necesario contar con instituciones “fuertes” frente a quienes cuestionan los organismos de igualdad.

En su turno, la diputada del PNV Maribel Vaquero apoyó la iniciativa, aunque avisó de que “una trasposición mal hecha” de directivas europeas puede generar “confusión”. La principal diferencia del PNV es la posible “erosión competencial” sobre las autonomías. Por ello, avisó de que presentarán enmiendas para lograr una transposición “fiel al texto europeo”.

Del mismo modo, la diputada de ERC Etna Estrems tuvo una posición favorable, pero criticó que el feminismo “no se mide por el número de organismos”. También dijo que apoyarán la tramitación, pero estarán vigilantes ante “cualquier tentación de convertir el Instituto en un organismo centralizador”.

Finalmente, desde Sumar, su diputada Julia Boada defendió esta reforma como necesaria para “modernizar un organismo imprescindible”. No obstante, introdujo matices al señalar que el refuerzo del organismo no debe hacerse en detrimento de otros entes territoriales, sino “aprovechar la experiencia de los organismos ya existentes”. También reivindicó que hacen falta “instituciones fuertes” con capacidad real de intervención.