Esta iniciativa fue rechazada con 6 votos a favor, 17 votos en contra y 12 abstenciones. En defensa de la proposición no de ley, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, aseguró que esta propuesta busca reforzar su acceso al mercado laboral en condiciones de igualdad.

Además, subrayó que las críticas a la 'ley trans' aprobada en 2023 no se han materializado en los efectos negativos que auguraban sus detractores, refiriéndose al PP y Vox, a quienes reprochó haber alimentado discursos de sospecha hacia un colectivo “especialmente vulnerabilizado”.

Durante su intervención, Belarra insistió en la situación de discriminación que afrontan las personas trans, marcada por la violencia, el rechazo social y una elevada tasa de desempleo, evidencia de que siguen existiendo barreras estructurales que limitan su acceso a derechos básicos.

Así, defendió adoptar la reserva de al menos un 1% de las plazas de empleo público para personas trans, asegurando que no se trata de privilegios sino de herramientas para corregir desigualdades. Asimismo, pidió a las administraciones cumplir el mandato legal de favorecer la inserción laboral del colectivo, frente a lo que considera una falta de impulso por parte del Gobierno en esta materia.

En contra de esta idea, la diputada de Vox Rocio Aguirre cargó contra la propuesta al considerar que responde más a intereses políticos que a la defensa del colectivo, afirmando que Belarra está “más en campaña por la Comunidad de Madrid que por la defensa de los trans”. Así, calificó la 'ley trans' como “infame”.

Igualmente, Aguirre rechazó la reserva de un cupo en el empleo público al entender que vulnera el principio de igualdad, al sostener que “todos los españoles somos iguales ante la ley” y que el acceso a la función pública debe regirse exclusivamente por “mérito y capacidad”. Para Vox, establecer este tipo de medidas crea desigualdades, por lo que calificó la propuesta de “barbaridad” y “anticonstitucional”.

En su caso, la diputada del PP Sofia Acedo rechazó también la propuesta al considerar que, “bajo la apariencia de protección”, lo que hace es “señalar, etiquetar y colectivizar a las personas”, al convertir a las personas trans en “objeto de una cuota administrativa” y crear un criterio de acceso al empleo público basado en la identidad y no en el “mérito, capacidad y esfuerzo”.

En este sentido, sostuvo que la iniciativa crea “categorías de ciudadanos” en el acceso al empleo público, lo que enmarcó en una crítica más amplia a la 'ley trans', calificándola de “despropósito” por haber generado, en su opinión, conflictos jurídicos y una “profunda fractura”.

Por su parte, el diputado del PSOE Lázaro Azorín defendió que garantizar derechos “no supone conceder privilegios, sino asegurar que todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en condiciones de igualdad”, y reivindicó los avances logrados con la 'ley trans' como un marco de protección e impulso de la inclusión laboral.

No obstante, abogó por impulsar las estrategias de inserción sociolaboral y empleabilidad previstas en la normativa vigente, en lugar de centrarse únicamente en nuevas medidas.