En la defensa del real decreto ley, que en principio no será rechazado por ninguna formación según lo expresado en las intervenciones, el ministro de Hacienda, Arcadi España, valoró la necesidad de estas medidas y recordó que son fruto del diálogo con el sector a través del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC). También agradeció a los grupos el tono constructivo del debate, “el que esperaban todos los transportistas del país”.

Además, destacó que el sector es “una pieza crítica para el funcionamiento del país” puesto que el 95% del transporte de mercancías se hace a través de la carretera y que está formado por unas 100.000 empresas, de las que la mayoría son pymes y autónomos.

Como consecuencia, según apuntó, se trata de un sector con márgenes reducidos y con capacidad limitada de absorber fuertes incrementos de costes como el experimentado por los combustibles tras el estallido de la guerra de Irán que puso “en riesgo la continuidad del suministro, del empleo y del funcionamiento normal de la economía”.

Uno de los más críticos fue el portavoz del PP Celso Delgado, quien pese a valorar las medidas, denunció que responden a “errores, ausencias y carencias” del anterior real decreto ley aprobado en el mes de marzo. “Han llegado tarde”, afirmó antes de pedir otras medidas como ayudas directas o deflactar la subida de la inflación en el IRPF.

También fue muy crítica Carina Mejías, de Vox, quien criticó primero que España se haya encargado de defender el decreto en lugar del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. “Llega tarde y mal y con soluciones a medias”, lamentó. “Son parches que no responden a la urgente necesidad del transporte por carretera”, añadió. Entre sus demandas, destacó la reducción del impuesto a los hidrocarburos.

Por su parte, Cristina Valido, de Coalición Canaria, pidió medidas para amortiguar el impacto de costes en el sector de la construcción o la relajación de la regla de gasto; Néstor Rego (BNG) medidas de control de precios de los alimentos o los alquileres, algo que también pidió Javier Sánchez Serna (Podemos), quien advirtió de que el decreto “sigue sin estar a la altura de la crisis social que se está gestando”.

Además, Idoia Sagastizabal, del PNV, pidió también medidas por la subida del precio de los alimentos y reconocer en los contratos del transporte el pago por uso de las carreteras, y Mikel Otero, de EH Bildu pidió que se incremente la vigilancia para asegurar que los cambios en los contratos del transporte se aplican. En todo caso, advirtió de que “son parches de alcance limitado” y que “no solucionan el problema de fondo”, que es la necesidad de electrificar el transporte.

Por último, Isidre Gavín señaló que las medidas se habrían podido incluir en el anterior decreto de ayudas por lo que lo tachó de “fe de erratas”, e Inés Granollers, de ERC) denunció que “sigue quedándose corto” y criticó que no se esté pagando todavía la ayuda de 20 céntimos por litro del anterior decreto.

Las nuevas medidas afectan al transporte de mercancías por carretera, ferroviario y marítimo, y se suman a la ayuda de 20 céntimos por litro de combustible y otras ayudas directas ya aprobadas.

Respecto al transporte de mercancías por carretera, el paquete de medidas persigue el objetivo de asegurar que las variaciones en el precio del combustible se trasladen de forma efectiva al precio del transporte.

Así, el Real Decreto ley refuerza el marco legal en tres aspectos clave. En primer lugar, se consolida el carácter obligatorio y automático de la revisión del precio del transporte cuando se produzcan variaciones en el precio del combustible. En segundo lugar, se deberá reflejar expresamente en la factura, en aras de garantizar la transparencia y facilitar la comprobación de su aplicación. Por último, además, se introduce un régimen sancionador específico en casos de incumplimiento.

El segundo eje de actuación se basa en la incorporación de nuevas medidas específicas para el transporte ferroviario de mercancías. En concreto, se establece una línea de ayudas directas para 2026 destinada a compensar el sobrecoste del combustible en las locomotoras diésel. Estas ayudas ascienden a 15.000 euros por locomotora activa, con una dotación total de 3,15 millones de euros.

Por último, el tercer eje se refiere al transporte marítimo. En este sector se amplía el ámbito de las ayudas existentes, para incluir expresamente a los servicios de carga pura entre puertos peninsulares y de los archipiélagos Balear y Canario, de Ceuta y de Melilla, y entre puertos de los Archipiélagos a los servicios ya recogidos en el Real Decreto-ley 7/2026. Esta ampliación supone un incremento de 7 millones de euros adicionales sobre los 30 millones inicialmente previstos.