La iniciativa, defendida en el Pleno de la Cámara Baja por una delegación del Parlament, propone modificar la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia y la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No cambia los requisitos para solicitar la prestación de ayuda para morir ni el procedimiento médico previsto en la ley, sino que "crea una vía judicial específica, preferente y de plazos abreviados para revisar las resoluciones de las comisiones de garantía y evaluación", según reza el texto de la propuesta.

En concreto, la proposición plantea que los recursos contra esas resoluciones "se presenten ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia competente territorialmente, en un plazo de tres días desde la notificación". La Comisión de Garantía y Evaluación deberá remitir el expediente en dos días y el tribunal tendrá que resolver en tres días desde la celebración de la audiencia. La decisión judicial solo podrá mantener o revocar la resolución impugnada y será firme, sin recurso ordinario posterior, aunque se mantiene la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional en amparo.

La representante del Parlament Sara Jaurrieta recordó que la ley de eutanasia de 2021 fue “pionera y muy esperada”, pero defendió que estos cinco años de aplicación han puesto “al descubierto algún elemento a corregir”. Citó el caso de Noelia Castillo Ramos, joven catalana que, según explicó, tomó la decisión de acogerse a la eutanasia de forma autónoma y con información del equipo responsable, pero vio dilatado el procedimiento “más de 600 días” por un recurso.

El caso de Noelia, quien recibió la eutanasia el 26 de marzo de este año en Barcelona tras casi dos años de batalla judicial por los recursos de su padre y de Abogados Cristianos, se convirtió "en símbolo de las demoras que la reforma del Parlament quiere evitar", según las defensoras de la proposición. Noelia sufría una paraplejia completa tras una lesión de médula espinal lumbar incurable y no rehabilitable.

“¿Por qué la decisión de una persona que está en pleno uso de sus capacidades debe esperar casi dos años a expensas de los intereses de un tercero?”, preguntó Jaurrieta, quien defendió que “la última palabra” debe pertenecer “únicamente a la persona que en libertad ha expresado su decisión”. Además, subrayó que el nuevo procedimiento especial prevé plazos “improrrogables y especialmente abreviados” que “no superan en ningún caso los 25 días”.

Por Junts, el diputado Jordi Fàbrega sostuvo que la proposición “va mucho más allá de una modificación procesal” porque habla de “dignidad, libertad, sufrimiento” y respeto a las decisiones “más íntimas y personales” de una persona. Defendió que la eutanasia es “uno de los procedimientos más garantistas” del sistema, con dos solicitudes formales, dos valoraciones médicas independientes, información sobre alternativas terapéuticas, consentimiento final y supervisión de una comisión independiente.

Fàbrega afirmó que “no es lo mismo vivir que estar vivo” y rechazó que la reforma elimine controles. “No elimina el control judicial, no debilita ninguna garantía”, aseguró, y además advirtió de que “cuando el tiempo es sufrimiento, retardar la respuesta judicial tiene consecuencias humanas”.

PERFECCIONAR UN DERECHO

El representante de ERC Juli Fernàndez remarcó que la iniciativa “no persigue instaurar un nuevo derecho”, porque ese derecho “ya se ha conquistado”, sino “perfeccionarlo” y dar certezas en un momento vital especialmente complejo. “Este derecho, en ningún caso, es una obligación ni un deber, sino una opción legítima e individual”, señaló.

Entre los grupos favorables, el diputado del BNG, Néstor Rego, respaldó la proposición al considerar que una ley garantista no puede permitir que, una vez superados todos los controles, la prestación se demore “un año o dos años” por decisiones de terceros. “Defender el derecho a una muerte digna es defender que se pueda vivir dignamente hasta el final”, afirmó.

Desde Podemos, Javier Sánchez Serna anunció su apoyo “sin matices” y citó, además del caso de Noelia Castillo, el de Francesc Aouet, un hombre de 55 años que, según explicó, fue autorizado por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, pero no ha podido ejercer su derecho porque su padre recurrió ante los tribunales.

Sánchez Serna defendió que “solo la persona que ha solicitado el derecho a una muerte digna y a quien se le ha denegado” debería poder impugnar esa decisión. A su juicio, un tercero, aunque sea familiar directo, no debería recurrir una autorización que afecta a un derecho “personalísimo”. La proposición, dijo, busca que los recursos judiciales no se conviertan en un instrumento para “alargar indefinidamente el sufrimiento”. “Una sola instancia, una sola resolución”, resumió.

LA JUSTICIA NO PUEDE LLEGAR TARDE

También los grupos independentistas y de izquierdas que intervinieron en el debate defendieron que la justicia no puede llegar tarde cuando se trata de una persona en contexto eutanásico. Marije Fullaondo, de EH Bildu, advirtió de que la reforma “se queda corta” porque aborda un problema puntual y defendió una revisión más amplia de la Ley de Eutanasia para analizar otros problemas detectados en sus cinco años de aplicación, entre ellos los vinculados a enfermedades de salud mental incurables y con sufrimiento insoportable.

La diputada de Sumar Júlia Boada insistió en la cifra de los “601 días” que esperó Noelia Castillo y pidió a los diputados "que la recordaran como una de las razones de la reforma". Defendió que no se trataba de discutir si la eutanasia es “moralmente o religiosamente aceptable”, sino de "hacer efectivo un derecho ya reconocido". “Frente a la falta de una vida buena, tener un buen morir”, concluyó.

Por el PSOE, la diputada Carmen Andrés sostuvo que el debate no era sobre el derecho a la eutanasia, reconocido por la ley de 2021 y avalado por el Tribunal Constitucional. “El derecho está ganado” y “el derecho es incuestionable”, afirmó. Según la socialista, tampoco se trata de negar el posible interés legítimo de terceras personas, sino de mejorar la ley para que ese interés no “agrave más el sufrimiento” de quienes han tomado una decisión “consciente, libre, razonada e informada” sobre la dignidad que quieren para el final de su vida.

LAS GARANTÍAS NUNCA SOBRAN

El PP rechazó la toma en consideración. Antonio Román defendió que el debate exige “rigor, serenidad, prudencia y sentido de la responsabilidad” y sostuvo que, cuando está en juego una decisión irreversible, “las garantías nunca sobran”. A su juicio, si la ley de eutanasia se presentó como una norma garantista, la reforma ahora aprobada por le Congreso "entra en contradicción con ese argumento".

El diputado popular desplazó el foco hacia las listas de espera, las dificultades de acceso a los cuidados paliativos y las carencias en salud mental. “La respuesta frente al sufrimiento no puede consistir en eliminar a la persona que sufre”. Defendió que la obligación sanitaria, ética y moral debe ser aliviar el sufrimiento "mediante la medicina, la atención psicológica, el acompañamiento social, el apoyo familiar y, para quien lo desee, la dimensión espiritual".

Vox también votó en contra de la toma en consideración. Tras superar este primer trámite parlamentario, la proposición continuará ahora su tramitación en el Congreso.