Según informó el Congreso, casi 20 años después se actualiza de “manera completa” el Estatuto para recoger no solo los cambios normativos derivados, entre otros, de los compromisos con la Unión Europea, sino también acometer, con vocación de permanencia y proyección de futuro, los retos a los que se enfrentará todo Parlamento en las próximas décadas.

El estatuto “mantiene los principios estructurales de los anteriores e incorpora novedades que pivotan sobre dos ejes: el crecimiento y continua evolución del personal funcionario, ligado al incremento de las funciones de las Cortes Generales, y la necesaria transformación de la Administración parlamentaria”.

El nuevo estatuto se articula en ocho capítulos y 86 artículos en los que se definen los tipos de personal al servicio de las Cámaras, y se detallan las funciones de los cuerpos de funcionarios de las Cortes Generales, así como su sistema de ingreso y cese, sus situaciones, sus derechos, deberes e incompatibilidades y su régimen disciplinario.

Entre las novedades que afectan al personal funcionario, destaca el progreso en las condiciones de igualdad en el acceso y permanencia en los puestos públicos, el establecimiento de medidas que mejoran la conciliación de la vida personal, familiar y profesional, incorporando nuevas formas de prestación de servicios, junto con la posibilidad de acceder a reducciones de jornada flexibles, y la profundización en las políticas que han promovido el reconocimiento de nuevos permisos.

Además, el nuevo estatuto reordena la situación y carrera administrativa con una mejora de las condiciones de promoción interna entre los distintos cuerpos, reconociendo el aprendizaje adquirido sobre el funcionamiento de las cámaras, tal y como se indica en una nota difundida por el Congreso.

En el mismo sentido, se moderniza el funcionamiento de la Administración parlamentaria, incorporando las herramientas suficientes derivadas de las exigencias de un empleo público especializado y de calidad, que permitan afrontar los nuevos retos a que están llamadas las Cortes Generales, así como seguir garantizando el correcto desarrollo de la actividad parlamentaria y la estabilidad y continuidad de las cámaras.

Esta norma se aprueba de acuerdo con el artículo 72.1 de la Constitución, que consagra la plena autonomía institucional de las cámaras mediante el reconocimiento de que estas “establecen sus propios Reglamentos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales”.

Las mesas de las cámaras han aprobado, con este, un total de cuatro estatutos del personal, en los años 1983, 1989, 2006 y el ahora aprobado. El texto aprobado se corresponde con el acordado y elevado por la Mesa Negociadora, en la que están representadas la administración parlamentaria y, en nombre de los funcionarios de las Cortes Generales, los sindicatos, asociaciones y candidaturas que forman la Junta de Personal.