Por el momento, el enfrentamiento se ha saldado con la aprobación de un nuevo texto en la Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, que no cuenta con el aval del Senado, controlado por el PP. En un escrito cotejado por Servimedia, la Cámara Alta considera que la propuesta es “nula de pleno derecho” por cómo la Baja convocó la Mesa Negociadora que la aprobó. Y difunde como prueba una conversación entre Armengol y Rollán.

Desde la Presidencia del Congreso consideran que ese gesto “traspasa las líneas de la institucionalidad y la legalidad”, y amagan en privado con actualizar el Estatuto del Personal sin el concurso del Senado a pesar de que el artículo 72.1 de la Constitución señala que la reforma debe ser “de común acuerdo”. Y ello en una legislatura caracterizada por el número inédito de litigios competenciales que se han presentado ante el Tribunal Constitucional por parte del Senado contra el Congreso a instancias de los populares.

La norma que está en el centro de la polémica es de carácter interno y afecta a 685 funcionarios de las Cortes. El texto, de 2006, acumula casi 20 años sin modificaciones. La propuesta aprobada por la Mesa del Congreso contempla, entre otras medidas, la posibilidad de elevar la jubilación voluntaria de 72 a los 75 años. El Senado quiere estudiar con más profundidad esta medida porque, en su opinión, se introduce “de modo pionero en el ordenamiento español”.

LA MESA NEGOCIADORA

El conflicto se remonta a la reunión de la Mesa Negociadora de las Cortes Generales convocada el pasado día 23 de octubre para acelerar un acuerdo en el que llevan trabajando “18 meses meses”. El Senado considera que se convocó “de forma unilateral” y “sin contar con la conformidad” de Eva Ortiz, su secretaria primera y representante de la Mesa ante la misma.

Según su versión, los letrados mayores de Congreso y Senado, Fernando Galindo y Sara Sieira, “trataron preliminarmente” esta convocatoria en una reunión “informal” el 13 de octubre, cuando la secretaría general de la Cámara Alta “dio cuenta de que el Estatuto introducía una medida que trascendía el alcance de las Cortes Generales al contemplar, de modo pionero en el ordenamiento español, la prolongación de la edad de jubilación desde 72 hasta 75 años, constituyéndose en fuente de efectos en la política económica general, por lo que esta medida había de ser estudiada con mayor profundidad” y aunar “un mayor sosiego”.

Sieira también apuntó que el texto todavía no estaba completamente cerrado –el Senado asegura que “esa misma tarde tuvo lugar la última negociación en la que se introdujo, por ejemplo, el tema de los quinquenios”– y pidió que la Mesa Negociadora “para acordar la propuesta” se convocara cuando “la negociación estuviese terminada” y “el texto en condiciones” de ver la luz.

Sin embargo, siempre según el escrito de la Cámara Alta, el Congreso convocó igualmente la Mesa Negociadora el 23 de octubre “viciada de nulidad por cuanto que no se contó con el consentimiento de la representación de la Mesa del Senado en la misma”. En este sentido, el texto señala que “en ningún momento hubo conversaciones telefónicas a este respecto entre las representaciones políticas de las Mesas de ambas Cámaras, sino únicamente mensajes de WhatsApp”.

LOS MENSAJES DE WHATSAPP

En el primero de los cuatro mensajes revelados, la secretaria segunda de la Mesa del Congreso, Isaura Leal Fernández, traslada el jueves 16 de octubre a Eva Ortiz que, “como habían acordado” los secretarios generales, le traslada la propuesta de convocatoria de la Mesa Negociadora. Ortiz le contesta cinco minutos después, a las 9.04 horas, que estaba “pendiente de que el presidente del Senado y las letradas hablen” y le “den el OK”.

En el segundo, es ya Armengol quien se dirige ese mismo día a Rollán a las 13.38 horas para comunicarle que, “tal y como acordaron” los letrados mayores, convocará la Mesa Negociadora para “el próximo jueves por la mañana”, a lo que Rollán le contesta, a las 14.29 horas, que estudiará la propuesta ese fin de semana para “acto seguido dar los pasos” que le “correspondan”.

Dos horas y media después de estas dos conversaciones, a las 17.11 horas, el Senado recibe un correo electrónico con la convocatoria para el 23 de octubre.

“La conclusión clara es que la convocatoria no solo fue precipitada sino que no contó con el consentimiento de la representación política del Senado en la misma”, señala el escrito remitido ayer lunes al Congreso para pedir la “nulidad” del acuerdo de la Mesa Negociadora. El Senado se levantó de la misma tras pedir, sin éxito, el aplazamiento o la constitución de un grupo de trabajo para negociar los “votos particulares”.

RESPUESTA DEL CONGRESO

Desde el Congreso, sin embargo, replican que el Senado ha difundido los mensajes “de manera parcial y torticeramente manipulada”, y consideran que ese gesto supone “traspasar las líneas de la institucionalidad y la legalidad”. “Nunca se había visto que un documento oficial reflejara el contenido privado de conversaciones entre miembros de ambas Mesas”, se quejan fuentes procedentes de la Presidencia de la Cámara, que esta mañana distribuyó el texto entre los miembros de la Mesa “omitiendo la parte relativa a las conversaciones privadas precisamente para respetar el derecho a la intimidad de las comunicaciones de las personas afectadas”.

Además, las mismas fuentes aseguran que el Senado no protestó por la convocatoria de la reunión hasta “15 minutos antes” de su celebración y, según estas mismas fuentes, “los propios representantes de los trabajadores, que consideraron una falta de respeto la actitud del Senado, se negaron a posponer la cita, y apostaron mayoritariamente por concluir la negociación”.

Desde la Cámara Alta, en cambio, dicen que siete miembros de las asociaciones de funcionarios y sindicatos se levantaron de la mesa, siendo cuatro de la Candidatura por la Igualdad en las Pensiones en las Cortes Generales (CIPE) y de la Organización Sindical de Funcionarios Afectados por las Pensiones (Osfap); y tres del Sindicato de Trabajadores de las Cortes (STC), que, a diferencia de las otras dos organizaciones, mantuvo su representación con su miembro restante, aunque tampoco votó.

Sí respaldaron la propuesta los portavoces de la Plataforma Sindical y Letrados (2), Archiveros-Asesores (1), Redactores (1), Técnicos (1) y Ujieres (1).

FUTURO CHOQUE

En medio de esta disputa, la Mesa de la Cámara Baja procedió esta mañana a aprobar, con la mayoría progresista, la actualización del Estatuto del Personal de Cortes Generales, y emplaza ahora al Senado a refrendar el texto la próxima semana.

La Cámara Alta, sin embargo, insiste en que se reflejen, como pide su presidente, los “criterios objetivos” que respaldan la prolongación de la edad de jubilación de 72 a 75 años, se aprueben medidas adicionales que acompañen esta propuesta, se recoja su “implantación progresiva y controlada”, y se establezca “una planificación estratégica de las convocatorias de oposiciones a los distintos cuerpos de las Cortes Generales” ante la jubilación de, aproximadamente, el 50% del personal.

Ambas cámaras se asoman así a un nuevo conflicto , dado que el Congreso defiende que su criterio prima en materia de personal por ejercer la administración común de las Cortes Generales, mientras que el Senado invoca el artículo 72.1 de la Constitución para sostener que cualquier reforma del Estatuto debe aprobarse de “común acuerdo”.