El órgano de dirección de la Cámara se reunió así en el Salón de Ministros “con el fin de aplicar el Reglamento”. Es decir, para cumplir con el artículo 21.2 del Reglamento del Congreso, que establece que “los diputados son suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios si, tras serles concedida la autorización de suplicatorio, se encuentran en prisión preventiva y mientras dure esta situación”.

La suspensión conlleva la pérdida de sus prerrogativas y derechos funcionales y económicos como diputado. Así, le declaró suspendido en el ejercicio del cargo y, por tanto, en los derechos y deberes establecidos en el Reglamento de la Cámara, con efectos desde el día 10 de diciembre de 2025.

Asimismo, explicaron fuentes de la Cámara que desde la fecha señalada y mientras se mantenga la suspensión de sus derechos no autorizará el abono de las percepciones económicas propias de la condición del diputado. Además, el Congreso procederá a darle de baja en la cobertura de protección social con cargo al Presupuesto de la Cámara, así como en la póliza de accidentes concertada por las Cortes Generales.

Y, por último, se detraerá la parte proporcional de la subvención correspondiente al Grupo Parlamentario Mixto, en lo relativo a la pertenencia de Ábalos.

Antes de que el Congreso tomara esta decisión, Ábalos advirtió a la Mesa de la Cámara Baja de que el “impedimento” de su voto “sería una vulneración sin precedentes y de extrema gravedad tanto en los derechos inherentes a cualquier diputado o diputada como a la representación de la ciudadanía”.

No obstante, su solicitud se registró a la par que el Tribunal Supremo confirmó su procesamiento, lo que daba vía libre a la Cámara Baja para suspenderle de retribución y voto.