La iniciativa plantea modificar la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia y la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para que estos recursos se tramiten mediante un procedimiento especial, con plazos abreviados, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia competente. El objetivo de la reforma es evitar que los recursos judiciales puedan paralizar durante meses o incluso años la prestación de ayuda para morir cuando la persona solicitante ya ha recibido una resolución favorable de la comisión correspondiente.

Durante el debate, los representantes del Parlament defendieron que la propuesta no crea un nuevo derecho ni modifica los requisitos para acceder a la eutanasia, sino que busca garantizar que el derecho reconocido por la ley de 2021 pueda ejercerse sin dilaciones indebidas.

La diputada socialista Carmen Andrés sostuvo que el debate no era sobre el derecho a la eutanasia, que consideró “incuestionable”, sino sobre mejorar la ley para que el posible interés legítimo de terceros no “agrave más el sufrimiento” de personas que han tomado una decisión consciente, libre, razonada e informada.