La ley no salió adelante debido a que hubo 176 votos en contra, 167 votos a favor y dos abstenciones (de BNG y UPN). Este resultado fue inesperado porque el PP sí que estuvo a favor de la creación de la agencia ya en la Comisión de Sanidad del Congreso, pese a tener diferencias y haber presentado enmiendas al texto.

Durante el debate, Vox fue el único partido que se opuso de forma clara a la ley. Su diputado David García recriminó al Gobierno que el nuevo espacio sería un “chiringuito” y una “agencia de colocación” porque el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CAES) del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, iba a ser, presuntamente, el dirigente de la nueva agencia. Además, reprochó al Ejecutivo que lo “politiza todo”, desde las “muertes en las residencias de Madrid” en la pandemia hasta esta agencia.

Por su parte, la diputada popular María del Mar Vázquez aseguró que “vigilaremos y fiscalizaremos” el trabajo de la agencia desde las autonomías y que denunciarán cada caso que entiendan como mala praxis. Por ello, parecía que su voto iba a ser favorable. No obstante, la popular compartió las afirmaciones de Vox sorbe que la agencia, si se terminase aprobando, “acabará siendo un chiringuito” y lamentó que se crearía "sin financiación” y solo servirá “para politizar”. También apuntó que, con este Gobierno, “hablar de salud pública es hablar de mala gestión”.

La nueva agencia iba a llegar para mejorar la vigilancia epidemiológica y la prevención sanitaria ante posibles crisis y los “desafíos del siglo XXI”. Así lo defendió la ministra de Sanidad, Mónica García, durante el debate de la ley, cuando también afirmó que, gracias a que esta ley ya es una realidad, la salud pública es “un poco menos invisible” y España estará “un poco mejor preparados como país mañana”. Además, representa un “granito de arena en contra del negacionismo” de los partidos de derecha.

Igualmente, la ministra puso en valor que la agencia sería un “compromiso con el futuro” y también servirá para aplicar aprendizajes y corregir errores sucedidos en la pandemia de covid-19, la cual “nos pilló con los radares apagados e íbamos reaccionando en vez de anticiparnos”, y eso “no puede volver a pasar”. Por ello, señaló que se deberá mejorar la prevención porque “la información salva vidas”. Así, España avanza cuando “se pone la salud en el centro”.

En este sentido, García destacó también que el bienestar y la protección de la población “depende de una respuesta rápida” y, para poder darla, se necesita coordinación y colaboración, así como unos sistemas de salud “robustos”. La ministra resaltó que todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, votaron a favor de la ley en la citada comisión, pero criticó que el PP se posicione con la “internacional” ultraderecha y el negacionismo de la ciencia y que su modelo sea “insultar a los científicos”.

OTRAS POSICIONES

En cuanto a las posiciones de otros grupos, Bildu, PNV, ERC y BNG incidieron en que, durante el proceso legislativo, presentaron enmiendas y negociaron cuestiones acerca de los limites competenciales de la nueva ley.

Los diputados de los citados grupos hicieron hincapié en que la nueva agencia no “invadiese” las competencias en salud de sus respectivas comunidades autónomas. Por su lado, la diputada del PNV Maribel Vaquero dijo que su intención es que esta agencia estatal no “colisione” con otros organismos sanitarios autonómicos del País Vasco y que sean las autonomías las que faciliten datos sanitarios a la AESP. También mencionó que introdujeron modificaciones en la ley en temas como los fines y las funciones de la agencia. Asimismo, se mostró deseosa de que los problemas sanitarios “se solucionen” con la agencia.

En su caso, la diputada de Bildu Marije Fullaondo sostuvo que “la gestión en sanidad es cuestión de la comunidad navarra y vasca” y que, aunque, en el ámbito de salud pública es “necesaria” la evaluación de riesgos o amenazas, “la planificación de todo ello” corresponde a la autonomía. También, se necesita “reforzar la detención precoz y prevención, asegurando que se respeten bien las competencias”.

Por su parte, la diputada de ERC Etna Estrems dijo que desde Cataluña también vigilarán las competencias y el trabajo de la agencia. En contra a todo esto, la ministra de Sanidad sostuvo que la ley “no invade competencias porque las amenazas sanitarias no entienden de competencias”. En su lugar, el diputado de Sumar Rafel Cofiño dijo que en la nueva agencia será “muy importante" tener perfiles sanitarios, pero también “de ciencias sociales”, y que es “fundamental no olvidar que la salud se hace en los territorios”.

Cofiño también incidió en que la agencia debe adoptar “políticas de detección, promoción de la salud y prevención”, así como incluir una mirada integral de la salud para desarrollar medidas como la mejora de la vivienda o la creación de espacios públicos saludables. Por su lado, la diputada socialista Carmen Martínez defendió la creación de la AESP y se mostró deseosa a que “todos los territorios dignifiquen el trabajo de esta agencia”.