La iniciativa prevé sumar los votos en contra de todo el bloque de investidura, que dedicó varios reproches al PP por la “hipocresía” que supone, a su juicio, que los populares velen por la independencia de los jueces cuando ha protagonizado presuntos intentos por controlar la Justicia en el pasado.

El PP presentó la iniciativa después que el Consejo de Europa invitara al Gobierno a remitirle una lista de candidatos para el TEDH antes del 10 de agosto. El mandato de los titulares es de nueve años y no pueden ser sustituidos por cambio de Gobierno. Y el de la jurista María Elósegui caduca en el primer trimestre de 2027.

No obstante, la propuesta del PP afecta a otros órganos jurídicos internacionales como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el Tribunal General de la UE, el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos, el Tribunal Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia.

En la iniciativa, el PP plantea un plazo de tres meses para que el CGPJ apruebe un procedimiento para garantizar que las designaciones referidas se formalicen siguiendo los criterios de "transparencia, publicidad, mérito y capacidad, a los que obligan tanto el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el resto de la normativa aprobada por el Consejo de Europa y el Tratado de la Unión Europea".

La razón de ser de esta propuesta es que, según el PP, el Gobierno está "incumpliendo las líneas maestras" del Consejo de Europa para la selección de candidatos a ser juez del TEDH, "que indican que el órgano encargado de recomendar candidatos debe tener una composición equilibrada", según expuso el diputado Fernando de Rosa en el hemiciclo.

Sin embargo, en el caso español, "y gracias al Real Decreto aprobado en 2020 por el Ejecutivo de Sánchez, este organismo concede el monopolio al Ejecutivo en las designaciones, puesto que la mayoría absoluta de los miembros que lo componen”, cuatro de cinco, “han sido nombrados por Moncloa y forman parte del Gobierno".

El PP lo achacó a “la obsesión” del Gobierno de Pedro Sánchez por “controlar la Justicia” y “destruir” su independencia”, y pidió el apoyo del resto de grupos para revertirlo. Vox, a través de José María Sánchez, respaldó la iniciativa, aunque admitió que no es el sistema que su partido quiere. El resto se opuso.

El portavoz de Justicia del PSOE, Francisco Aranda, espetó al PP que se acuerda “de la independencia judicial” solo cuando está en la oposición, defendió la composición del comité que elegirá los candidatos al TEDH y aseveró que el actual proceso cuenta con las “garantías” necesarias para velar por el correcto funcionamiento.

La diputada de Sumar Engracia Rivera desacreditó la propuesta del PP por querer darle al CGPJ estas competencias cuando tiene un orientación “conservadora” y no representa, en su opinión, a la sociedad española.

El diputado del PNV Mikel Legarda rechazó los argumentos del PP porque se trata de “acción exterior” y no “Poder Judicial”, y apuntó que distintos organismos como el propio CGPJ así lo han reconocido en el pasado. Además, puso de relieve que, una vez elegido el candidato del TEDH, deja de representar a su país.

Por parte de Junts, el parlamentario Josep Pagès hizo suyas las consideraciones técnicas del PNV al tiempo que desacreditó que el CGPJ esté legitimado para elegir con independencia a los candidatos nacionales a formar parte del TEDH.

Martina Velarde, de Podemos, explicó el ‘no’ de su partido en que la iniciativa va en la “dirección equivocada” a lo que defiende su partido “porque da más poder” a un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), “que adolece de un grave problema de legitimación democrática y cuya composición sigue reflejando todavía una concepción absolutamente conservadora de la Justicia”.

La diputada de ERC Pilar Vallugera también rechazó la propuesta del PP y aprovechó su intervención para pedirle al Gobierno que se “ponga las pilas” y piense en cómo “refundir la Justicia de este país” porque “no es ni justa” ni “independiente”.