Se trata de una reforma que ha sido señalada por la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, como fundamental en el plan de recuperación y en el calendario de hitos para recibir los fondos europeos.

La 'ley Crea y Crece' recoge, entre otras medidas, la posibilidad de crear una sociedad limitada con un euro; facilita su constitución de forma ágil y telemática; extiende el uso de la factura electrónica en todas las relaciones comerciales entre empresas y autónomos, y cierra el acceso a subvenciones públicas del plan de recuperación a las empresas que no cumplan los plazos legales de pago.

Entre las principales cambios introducidos por el Senado, destacaba la especificación de que las microempresas y autónomos dispondrían hasta el 31 de diciembre de 2023 para adaptar sus sistemas para la facturación electrónica. No obstante, el Congreso ha rechazado esta enmienda propuesta por los senadores del grupo plural.

Entre las enmiendas aprobadas, destacan cambios en relación con las lenguas cooficiales del Estado y modificaciones menores en la redacción del texto.

En el debate, la diputada del PSOE María Tamara Raya subrayó que esta ley es un “gran paso” en la voluntad del Gobierno de “trasformar el tejido productivo haciéndolo más dinámico, eficaz y fuerte”. Asimismo, agradeció al PP el “tono” mostrado en este texto. “Qué bueno encontrarles en el consenso y el diálogo y qué extraño”, señaló.

Por el PP, Miguel Ángel Castellón anunció su apoyo al texto remitido por el Senado “a pesar de esa sensación de oportunidad perdida”. En este sentido, indicó que “se debería haber hecho más”, ya que “una cosa es crear una sociedad y otra más importante es que tengan las condiciones para crecer y competir en un entorno cada vez más global”. El diputado criticó que el Gobierno se haya tomado esta norma como un “mero trámite” para recibir los fondos europeos.

La diputada de Vox Inés Cañizares aprovechó el debate para defender a los empresarios que “son criticados y acusados de evasores de impuestos” y subrayó que con esta ley “no se ha conseguido eliminar ni simplificar esas cargas regulatorias ni se aportan incentivos para esas pequeñas empresas”.

Por su parte, el diputado de Unidas Podemos Roberto Uriarte indicó que es una ley “positiva” para que las pequeñas empresas no tengan que pagar el “peaje burocrático” pero criticó que “no acaba de introducir un régimen sancionador” contra la morosidad. Asimismo, reclamó que se puede generar cierta “desventaja competitiva” y un “efecto perverso” en las cooperativas y empresas de economía social.

Por ERC, Joan Capdevila agradeció a la Plataforma Multisectorial contra la morosidad sus “buenos proyectos” y celebró la aprobación de algunas enmiendas introducidas en relación con las lenguas cooficiales del Estado. No obstante, lamentó que “los grandes partidos hayan hecho pinza para evitar un régimen sancionador contra la morosidad”.

La diputada de Ciudadanos María Muñoz señaló que “lo que debería ser una buena noticia, incluso un motivo de celebración, ha terminado de ser una oportunidad perdida” y criticó que la ley está más pensada para facilitar el trabajo de la administración que en mejorar la vida de las pequeñas empresas”.

Ferran Bel (PDeCat) afirmó que la ley “ha mejorado sustancialmente” desde que comenzó su trámite parlamentario gracias a la tarea de los grupos, incluso de que aquellos que “hoy votarán en contra”.