En concreto, la iniciativa de los populares busca la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que el encargado de supervisar y controlar los datos personales sea un "órgano independiente" y no "una unidad más de la Fiscalía General del Estado, como si fuera la secretaría técnica o la unidad de apoyo", tal y como explica en la exposición de motivos de su proposición, que en caso de superar este paso comenzaría su tramitación parlamentaria.

Una iniciativa que llega al Congreso la semana antes de que arranque el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta revelación de secretos por filtrar un correo con datos de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Para el PP, que presentó la iniciativa el pasado mes de abril, lo ideal es que el responsable de la denominada Unidad de Supervisión y Control de Protección de Datos del Ministerio Fiscal, la cual dice "no ha entrado en funcionamiento", debe ser un jurista "con más de 15 años de experiencia y con conocimientos acreditados en materia de protección de datos" y no, según "la redacción actual" del artículo 12.n del Estatuto, "en un fiscal en activo" que "nombra el Gobierno a propuesta del fiscal general del Estado".

De esta forma, denuncia un procedimiento que "no se prevé transparente" y sin "necesidad de mérito alguno", hablando incluso de que "es contrario a la Constitución Española y al derecho comunitario": "No puede recaer en un fiscal en activo, debe primarse el conocimiento en protección de datos", añade.

Por ello, en su proposición, los populares piden que en esa modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal se incluya un nuevo apartado en el artículo 12 que establezca que para nombrar al responsable de la citada unidad de supervisión sea necesaria "mayoría absoluta", además de fijar esos requisitos de 15 años de ejercicio y experiencia acreditada.

Además, quieren que el mandato de este responsable sea de cinco años y "no renovable". Y añaden que "solo podrá ser cesado por incapacidad o incumplimiento grave de sus deberes, apreciados por el Pleno mediante mayoría absoluta".