En ambos casos, se trata de una idéntica proposición no de ley. A mediados del pasado octubre, bastó con los votos del PP y Vox para que el texto saliera adelante, según pudo comprobar Servimedia. A la votación de este jueves se sumaron partidos nacionalistas como Esquerra, Junts, PNV, BNG y Coalición Canaria, así como UPN.

La DGT tiene sedes en las capitales de provincia y ha firmado convenios con algunos ayuntamientos rurales para que estos habiliten aulas donde se pueda hacer el examen teórico y espacios de circulación para la prueba práctica que permite después obtener el carné de conducir. Para ello, Tráfico desplaza a examinadores hacia esos centros.

En 2023 se puso en marcha el primero con medios informáticos para el examen teórico en Calatayud (Zaragoza) y la DGT ha suscrito desde entonces 18 convenios y otros 14 están en proceso.

Con ello, los ayuntamientos pueden contar con Puntos de Teleatención Personalizada de la DGT que cuestan entre 10.000 y 15.000 euros, ya que disponen de un escáner de doble cara, un lector de DNI con tecnología ‘contactless’, un terminal de pago sin contacto, una tablet de firma con lápiz y una pantalla interactiva.

INACCIÓN DEL GOBIERNO

Elisa Vedrina, diputada del PP que defendió la proposición no de ley, reconoció que la iniciativa “no es nueva” porque fue aprobada el pasado octubre en la Comisión sobre Seguridad Vial, pero volvió a presentarse porque “el Gobierno no ha movido un solo dedo” en el último mes y medio en esta materia.

Además, denunció que, a partir del 1 de enero de 2026, “la DGT impondrá la digitalización total de las pruebas teóricas y una serie de requisitos técnicos muy precisos con respecto al mobiliario, a la climatización, a los equipos informáticos y al nivel de conectividad, requisitos difíciles de asumir para muchos municipios pequeños”.

“Y todo ello sin una sola línea de financiación, sin apoyo técnico y sin mecanismos de acompañamiento”, añadió, antes de reclamar que “la DGT asuma el coste de la digitalización que exige”.

De hecho, el Pleno del Congreso con 192 votos a favor (de los partidos mencionados anteriormente) que el Gobierno impulse “líneas específicas de financiación, dirigidas a las entidades locales, para que puedan acometer las adaptaciones necesarias que permitan mantener operativo el servicio sin poner en riesgo su equilibrio presupuestario”.

Ese punto contó con 144 votos en contra (del PSOE y Sumar) y 11 abstenciones (de EH Bildu, Podemos y Compromís).

Además, 178 votos (de PP, Vox, PNV, UPN, BNG y CC) bastaron para aprobar otro punto de la proposición de ley, que insta al Gobierno a “asegurar que los ayuntamientos no asuman cargas económicas, técnicas ni materiales derivadas de las nuevas exigencias vinculadas a la digitalización”, y que garantice que el dinero lo ponga la DGT.

“POSTUREO POLÍTICO”

Por su parte, el portavoz del PSOE, Oriol Almirón, criticó al PP por volver a presentar una idéntica iniciativa aprobada el mes pasado con la que “no han tenido la vergüenza ni de cambiarle el título” y acusó a los populares de “dinamitar el trabajo parlamentario replicando iniciativas”.

“No se va a cerrar ningún centro de examen desplazado. No se trata de venir aquí a hacer postureo político”, comentó, antes de destacar que la inversión para digitalizar centros de exámenes de la DGT es compartida por esta y los ayuntamientos.

Félix Alonso, de Sumar, recriminó al PP por “quejarse” del coste de digitalizar los centros desplazados de exámenes. “Hablan de 10.000, 15.000, 20.000 euros. De repente, que un ayuntamiento invierta en un escáner o un lector de DNI también les parece una tragedia. Es inversión, es modernizar el ayuntamiento para hoy y para mañana, y es beneficio”, indicó.

Alonso expuso las “prioridades” de casos como el del Ayuntamiento de Huércal-Overa (Almería), gobernado por el PP. “¿Cómo es que para esto les parece caro 15.000 euros, pero no dudan en reformar una plaza de toros en la misma Huércal por 1,6 millones de euros de dinero público y subvenciones XL de la Diputación de Almería?”, añadió.

Por su parte, Francisco José Alcaraz, de Vox, comentó que el sector del automóvil aporta anualmente unos 40.000 millones de euros en impuestos y que la DGT batió el año pasado su “récord histórico” con más de 500 millones de ingresos por multas. “Con estas cifras insultantes vienen ustedes aquí a racanear a la España rural, a la España vaciada para que los jóvenes no puedan realizar los exámenes”, recalcó.

COMPETENCIAS

Por otro lado, portavoces de partidos catalanes aprovecharon el debate para reclamar que la DGT traspase las competencias de los exámenes de conducir al Servei Catalá de Transit.

Inés Granollers, de Esquerra, subrayó que el PP presentó “una tirita para tapar una hemorragia” porque “el problema de fondo” no es la digitalización de los centros de exámenes en algunos ayuntamientos, sino que “la DGT no sabe gestionar” y hay un “colapso” para examinarse y obtener el carné de conducir.

“En Cataluña lo sufrimos como nadie. 80.000 personas esperando realizar un examen. Jóvenes que no pueden trabajar, familias que no pueden moverse, empresas que no pueden contratar. Es una situación insostenible y es, simplemente, una vergüenza”, aseguró.

Isidre Gavín, de Junts, comentó que, “en Cataluña, entre que apruebas el examen teórico y que puedes hacer el examen práctico han llegado a pasar hasta nueve meses”.

“Y, además, desplazamientos. Los ciudadanos de Cataluña van a examinarse en Cuenca, van a examinarse en Albacete, van a examinarse a Teruel y esto no es turismo de interior. Esto es el turismo del despropósito, es el turismo de la ineficiencia en la gestión y es el fracaso de un modelo centralizado que combatimos. No hay suficientes examinadores”, dijo.