Este régimen supone que los profesionales que se acogieran a él no tendrían que presentar las declaraciones trimestrales del IVA ni el resumen anual del impuesto, lo que reduciría los trámites fiscales y los costes de gestión asociados a la actividad. A cambio, estos autónomos tampoco podrían deducir el IVA soportado en sus compras ni incluir el impuesto en las facturas que emitan a sus clientes (el régimen es voluntario).

“Frente a la confrontación, Conpymes propone la creación de una Mesa de Transición Digital y Fiscal que facilite la adaptación de los más de 700.000 autónomos que se beneficiarían de no tener que liquidar IVA por debajo de los 85.000 € de facturación”, apuntó esta patronal en un comunicado.

Para llegar al objetivo planteado, Conpymes propuso una transitoriedad para los Módulos: Buscar una salida gradual del sistema de módulos que no penalice a los sectores más tradicionales (transporte, hostelería), vinculándola a la llegada de la nueva franquicia de IVA.

También se ofreció a colaborar con la Agencia Tributaria para que la exoneración de declarar IVA se traduzca en una reducción real de cargas burocráticas, permitiendo a los autónomos centrar sus esfuerzos en el crecimiento de sus negocios. Asimismo, destacó que el impacto presupuestario (estimado en unos 500-600 millones de euros) se vería compensado por un aumento del consumo y una mayor formalización de la actividad económica.

“Nuestra voluntad no es el conflicto, sino la equiparación con Europa. Queremos que el autónomo español compita en las mismas condiciones de agilidad que un profesional francés o alemán. Según la jurisprudencia del TJUE, cuando una directiva es clara, precisa e incondicional y no se transpone en plazo, el ciudadano puede invocarla frente al Estado, por lo que España se arriesga a un colapso judicial de reclamaciones individuales”, avisó el presidente de Conpymes, José María Torres.