Carnicer destacó en rueda de prensa que las nuevas pruebas subsanarán un grave defecto del sistema español, ya que nuestro país era el único de la Unión Europea que adolece de ellas y en en el que no se exigen prácticas para poder ejercer. Para el presidente de la Abogacía, esta situación es "grave", porque en la actualidad cualquier profesional europeo "puede burlar la extraordinaria formación que es exigida a los abogados en cualquier país de la UE, viniendo a España e inscribiéndose en cualquiera de los colegios de abogados españoles.

La nueva ley, derivada del punto 20 del Pacto de la Justicia alcanzado entre PP y PSOE y que cuenta con el apoyo de todos los grupos políticos, según Carnicer, terminará con esta situación y estableerá unas pruebas en las que los futuros abogados deberán acreditar conocimientos jurídicos, prácticos y deontológicos suficientes para "desempeñar la trascendental función social que les ha sido asignada".

El presidente del Consejo de la Abogacía explicó que, hasta el momento, la mayor parte de los abogados españoles, tras sus estudios de Derecho, se preparaban para el ejercicio profesional mediante el "instituto de la pasantía" -trabajo en prácticas en despachos de abogados- o en las escuelas de Prácica Jurídica auspiciadas por algunos colegios de abogados del país.

Sin embargo, denunció que la formación facilitada por estas dos vías tiene "carácter voluntario, no resulta uniforme y no es contrastada antes del ejercicio efectivo", e incluso que un porcentaje "preocupante" de abogados españoles llega a ejercer sin pasar por ninguna de las dos, sino simplemente dándose de alta en un Colegio después de haber obtenido el título de Derecho.

Después de elogiar repetidamente el anteproyecto, Carnicr consideró, sin embargo, que "no es la mejor ley", aunque reiteró que "posibilitará que todos los abogados tengan la preparación suficiente para ejercer" y que "la calidad de los abogados españoles va a ser parangonable" con los de Europa.

El máximo representante de los letrados aseguró que la Abagacía va a pedir intervenir en estos procesos selectivos y también en los planes de formación. También reclamó que la ley debería contemplar medidas para garantizar la formación continuada obligatoria de losabogados.

En este sentido, puso como ejemplo aplicable el procedimiento que actualmente se ha autoimpuesto el Consejo de la Abogacía, mediante el cual un profesional cada seis años "ha de demostrar que trabaja en lo que dice que trabaja, es decir, que está en forma".

Carnicer aprovechó para exponer otras reivindicaciones del Consejo, como la necesidad de que los decanos puedan ejercer facultades disciplinarias, y críticas a la Administración por exigir una muy buena preparación para los abogados el Estado y no hacerlo de la misma manera para los letrados del turno de oficio.