Así se lo trasladó al Gobierno en una carta dirigida a la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en la que mostró también su “sorpresa” por el hecho de que su departamento esté “negociando” ese plan “únicamente con los bancos, con los acreedores", pero "no tenga en cuenta la opinión de quienes representan a los hipotecados”.

En este punto, el presidente del CCU subrayó que, en los “peores momentos” de la pandemia, ya se produjo “una situación similar” cuando la interlocución “exclusiva” con las entidades financieras por parte del Ejecutivo tuvo, a su entender, “como consecuencia” una “falta de prórroga de las moratorias del pago de los créditos, permitiendo a la banca mantener sus ingresos como si no hubiera crisis”.

“Una mala regulación que contribuyó al potente aumento de sus beneficios durante 2021 y 2022 y que ha llevado al Gobierno a proyectar un impuesto a los beneficios bancarios que mitigue esa manifiesta desigualdad”, sentenció.

Por ello, reclamó a la ministra “mayor sensibilidad y transparencia a la hora de tener en cuenta el interés de las personas consumidoras y la voz de sus representantes” y volvió a reivindicar la importancia de “formar parte de ese marco de negociación con la banca y el Gobierno a la hora de definir las soluciones que se pretendan aplicar”.