Según recoge el informe emitido por el Consejo de Estado, existe también una “laguna llamativa” en relación con el impacto presupuestario de la regularización de migrantes, cuyo texto definitivo podría aprobarse mañana, en el Consejo de Ministros.

El Consejo de Estado aceptó que el Gobierno utilice la habilitación del artículo 31.3 de la Ley de Extranjería para crear nuevas autorizaciones por arraigo, pero advirtió de que deben configurarse como medidas “excepcionales”, coherentes con el sistema general de extranjería y correctamente insertadas en él. Así, dijo que la magnitud del proceso exige un diseño normativo riguroso: “Es crucial que el diseño de los procedimientos a seguir responda adecuadamente al perfil de ese desafío”.

En esta línea, el dictamen alerta reiteradamente del riesgo de saturación administrativa: “Se prevé un muy elevado número de interesados y la adición de ese nuevo proceso representará un importante desafío”. Por ello, el órgano consultivo recomendó que haya mayor concreción de plazos y oficinas -sobre todo de Extranjería-, y que se hagan procesos claros y realistas.

Asimismo, una de las observaciones “esenciales” del Consejo de Estado a este Real Decreto de regularización masiva, que se prevé que afecte a más de medio millón de personas, es su rechazo a la previsión del Gobierno de suspender los procedimientos de Protección Internacional (asilo) mientras se tramita la regularización.

El Consejo de Estado considera que esta suspensión “excede del carácter excepcional que debe tener la nueva autorización” y puede “perturbar gravemente la tramitación de procedimientos de protección internacional en curso”. Además, el dictamen afirma que esa suspensión puede vulnerar el Derecho europeo.

A ello se une que, al vincular la suspensión con la denegación firme de la nueva autorización propuesta, se introduce la posibilidad de una suspensión de largo recorrido temporal, con la consiguiente “inseguridad para los solicitantes”. Por ello, el Consejo de Estado pide suprimir el apartado en el que se recoge esta cuestión, que es el apartado 5 de la propuesta disposición transitoria quinta del Real Decreto analizado.

Asimismo, el dictamen considera incorrecto incluir a las personas solicitantes del estatuto de apátrida dentro de este mecanismo de regularización, al tratarse de un régimen jurídico distinto y específico. También rechaza que se justifique por su vigencia temporal: “Ello sólo acota temporalmente pero no elimina esas confusiones y solapamientos”.

Otro de los núcleos críticos del dictamen del Consejo de Estado es la ausencia de una definición clara de vulnerabilidad. Así, se advierte de que “no existe ni una definición ni una regulación específica de la situación de vulnerabilidad de los extranjeros”.

La ausencia de ese “claro marco” provocará que los solicitantes de la regularización quedarán expuestos a un régimen “inseguro e indefinido”. Por ello, el Consejo de Estado dice que es “ineludible” que el reglamento defina los criterios de acreditación.

El Consejo también considera inaceptable asegurar que toda persona en situación irregular sea vulnerable: “Se introduce una muy indeseable inseguridad a la hora de apreciar el requisito”. Así, pide que se suprima esa presunción.

Igualmente, el Consejo de Estado reafirmó la ausencia de antecedentes penales como requisito imprescindible y no negociable para la regularización de migrantes. El órgano consultivo rechaza expresamente las excepciones a su acreditación y el uso generalizado de declaraciones responsables porque esto “abre la puerta a prácticas poco rigurosas”.

Por eso, el dictamen pide que se aclare a los solicitantes que “deben aportar ese certificado y que, de no hacerlo, el procedimiento administrativo quedará en suspenso”.

Por último, el Consejo cuestiona el uso de disposiciones “transitorias” para la nueva regulación. El informe señala que las nuevas autorizaciones no regulan situaciones transitorias, sino que crean un régimen nuevo: “No se trata de regular el tránsito desde una situación previa, sino de una regulación ex novo”. Por ello, ve incorrecto calificarlas como disposiciones transitorias y recomienda reordenar técnicamente el texto.