Esta iniciativa salió adelante en el Consejo de Europa con 71 votos a favor, 26 votos en contra y dos abstenciones. Los votos en contra fueron emitidos por el grupo del que forma parte Vox (los Conservadores y Patriots).

Además de instar a los Estados miembros del Consejo de Europa a prohibir todas las prácticas de conversión destinadas a cambiar, reprimir o suprimir la orientación sexual o identidad de género, la iniciativa pide evitar “lagunas” legales entre países en esta materia, para impedir que las personas Lgtbi+ sean sometidas a estas prácticas viajando a otro país donde no estén prohibidas.

Asimismo, el informe aprobado por el Consejo de Europa pide no criminalizar apoyos legítimos, es decir, que no se entiendan como ‘terapia de conversión’ a cualquier acompañamiento, apoyo emocional, religioso o clínico que tenga la persona Lgtbi+.

Del mismo modo, la iniciativa pide el reconocimiento de estas prácticas como “dañinas”, considerándolas también como discriminatorias y degradantes. En este sentido, el texto recuerda que las Naciones Unidas cundieran estas prácticas como “tortura” para las personas.

Así pues, el texto aprobado concluye instando a “todos los Estados miembros” a “prohibir las prácticas de conversión o revisar sus actuales prohibiciones”.

En cambio, algunas organizaciones feministas como la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres criticaron esta iniciativa al considerar que evita “deliberadamente” abordar los riesgos de la medicalización en menores y confunde orientación sexual con identidad de género y permite así introducir como “derechos” prácticas que conllevan riesgos médicos graves para los menores.

En este sentido, la organización feminista también cree que el informe aprobado está diseñado para blindar el modelo de “afirmación de género”, impidiendo cualquier debate científico, clínico o ético, porque cuestionar el modelo afirmativo sería tratado como “daño” o “discriminación”.

Igualmente, la entidad feminista afirmó que, en nombre de combatir las terapias de conversión, el Consejo de Europa “legitima una forma distinta de conversión” y, si los estados lo aplican, estarían avalando un modelo “sin prudencia ni precaución”.