Así se recoge en el último informe publicado del Consejo de Europa en el que se han examinado las políticas de 48 Estados que forman parte del Convenio de Lanzarote para reforzar sus marcos jurídicos con el objetivo de prevenir el abuso sexual en el ‘círculo de confianza’. El documento recoge los progresos realizados desde el primer informe de seguimiento de 2015, que abarcó 26 países.

“Ningún niño debería haber estado inseguro en el mismo círculo destinado a protegerlo. Con nuestro informe, hicimos un llamamiento a todos los Estados para que cerraran las brechas que aún existían y convirtieran todo entorno en un espacio de seguridad y confianza”, subrayó la presidenta del Comité de Lanzarote, María José Castello-Branco.

El informe celebró los avances logrados desde 2015, ya que varios Estados habían tipificado como delito el abuso sexual de niños de cualquier edad por parte de individuos en una posición reconocida de confianza, autoridad o influencia. El Comité de Lanzarote pidió a los Estados que aún limitaban esta protección a circunstancias muy específicas o solo a menores por debajo de la edad legal para mantener relaciones sexuales que siguieran este ejemplo.

En cuanto al abuso sexual en el contexto familiar, la mayoría de los Estados garantizó que el presunto autor pudiera ser apartado del hogar incluso antes de que se iniciaran los procedimientos penales. El Comité solicitó a los Estados que aún no lo hacían que aseguraran que un niño víctima fuera retirado del entorno familiar solo si apartar al presunto agresor no bastaba para protegerlo adecuadamente.

RECOMENACIONES PARA ESPAÑA

El Comité también instó a los Estados a proteger a los niños de todo daño grave, incluidas las actividades sexuales sin contacto físico, como el 'grooming'. En este contexto, el Comité de Lanzarote incluye que España se encuentra dentro de las partes exigidas a “que garanticen que la separación del niño víctima de su entorno familiar sólo se considere cuando el alejamiento del supuesto autor, entre otras medidas, no sea suficiente para proteger al niño o no resulte posible en las circunstancias del caso en concreto, y que dicha decisión responda al interés superior del menor”.

Desde 2015 se lograron avances en la protección de los niños víctimas durante las investigaciones y los procedimientos judiciales, señala el informe. “En un 18% de países los procesos pudieron iniciarse sin que la víctima hubiera presentado una denuncia previa. Sin embargo, 9 de los 48 Estados aún exigían denuncia, lo que creaba barreras para la justicia; y un 35% más de países permitió el uso de testimonios pregrabados de los niños en lugar de su participación presencial, aunque 21 de 48 aún no lo hacían”.

Reconociendo que los niños podían mostrar conductas sexuales nocivas con otros niños, el Comité “exigió a los Estados que ofrecieran educación integral para ayudarles a reconocer y evitar comportamientos sexuales dañinos, y a buscar apoyo si eran víctimas”.

Los controles sistemáticos y regulares de antecedentes penales de profesionales y voluntarios proporcionaron una alta protección contra el contacto de delincuentes condenados con niños. El Comité “recomendó a los Estados establecer y mejorar los mecanismos de supervisión de los infractores condenados”.

ESCUCHAR A LOS MENORES

El Comité de Lanzarote continua trabajando para reforzar la protección de los niños contra el abuso sexual en el círculo de confianza, prestando especial atención a los profesionales y voluntarios, destacaron desde el organismo, que anunció que examinaría el cumplimiento de las recomendaciones de este informe mediante un procedimiento de seguimiento en los años siguientes.

“El Comité de Lanzarote solicita a las Partes que recogen en sus marcos jurídicos”, entre las que se encuentra España, “la realización de entrevistas exploratorias con niños sospechosos de haber sufrido abusos sexuales, y que aún no lo hayan hecho, que garanticen que dichas entrevistas puedan llevarse a cabo sin informar previamente a los padres o tutores legales del menor ni obtener su consentimiento previo, en los casos en que existan sospechas fundadas de abuso sexual en el entorno familiar y haya motivos para creer que los padres o tutores legales podrían impedir que el niño revele el abuso sexual”.