Así lo dijo el presidente del CGE, Valentín Pich, en la presentación del estudio ‘Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2024’, al que también asistió el presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), Agustín Fernández; el decano del Colegio de Economistas de Navarra, Ángel Chocarro, y la directora de la Cátedra de Hacienda Territorial en la Universidad de Murcia, María José Portillo, entre otras personalidades.

Pich defendió que el sistema de financiación autonómica se encuentra en una situación de agotamiento”, con lo que reclamó una “urgente reforma integral con el fin de resolver los desafíos actuales en materia de fiscalidad”. Así, lamentó que España “no facilita la inversión extranjera”, ya que es “de los pocos países de Europa que aún aplica impuestos sobre la riqueza, lo que nos sitúa en una clara desventaja fiscal".

Por su parte, los economistas asesores fiscales señalaron que la calidad normativa de las comunidades es “deficiente”, al establecerse muchos beneficios fiscales “de compleja comprobación y de escasa relevancia para los contribuyentes”. “Muchos de los incentivos son nominativos y resultan poco efectivos, soportan un alto coste administrativo para su verificación, son de escasa recaudación y es discutible que alcancen los objetivos por lo que son creados”, indicaron.

En relación con el IRPF, los economistas observan una tendencia a la baja en las tarifas autonómicas para contrarrestar el efecto de la inflación y destacan que son 11 comunidades las que en los últimos dos años la han modificado para contrarrestar el efecto de la inflación.

El estudio recoge que los impuestos propios representaron el 2,2% de los ingresos tributarios en 2022, por lo que siguen siendo una “escasa fuente de financiación” para las autonomías. La recaudación por impuestos propios creció en 2022 con respecto a 2021 un 10,9%.

Asimismo, señala que este año se han producido numerosas modificaciones en el panorama de los impuestos propios como consecuencia de la creación del Impuesto estatal sobre residuos, que ha supuesto que las comunidades que tenían implantado un impuesto similar hayan procedido a suprimirlo o dejarlo sin efecto. Sin embargo, no ha habido creación de nuevos impuestos, solamente derogación de algunos y modificación de los ya existentes.

El informe también sostiene que los ingresos tributarios ligados a la financiación de las autonomías, en general, han visto incrementada su recaudación por impuestos. Desde 2007 hasta 2021 aumentó en "un 39,55%”, aunque “haya incidido en sentido contrario la bajada en Patrimonio”. En cuanto a los ingresos tributarios del Estado, en el año 2022 se lograron por IRPF 109.485 millones de euros, un 15,8% más que el año anterior.

Además, subraya que las comunidades autónomas “deberían hacer un esfuerzo en la unificación de plataformas para la gestión de los tributos cedidos, tanto para el ciudadano como para los colaboradores sociales”. Así, “sería aconsejable que las comunidades que aún no han publicado un texto refundido de los impuestos cedidos lo hagan para mayor seguridad jurídica de sus ciudadanos”.