Así se desprende del Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas publicado este lunes, que reduce también la previsión de crecimiento para el actual ejercicio hasta el 3,8%, una décima menos que en la estimación anterior.

Según el análisis, la caída de la renta disponible y de la tasa de ahorro provoca que se “contraiga” la demanda interna. En este sentido, el informe subrayó que, “al contrario que en Estados Unidos, la demanda interna en Europa, y en concreto en España, está más debilitada y sensible a estos efectos”. Además, a ello se suma que en los dos próximos trimestres el turismo “será residual”.

No obstante, el organismo señaló que “no se espera” una contracción del PIB en el cuarto trimestre, aunque sí un crecimiento nulo, del 0%. “Aunque se vislumbra un cierto estancamiento a la vista de los indicadores adelantados, parece que los resultados de las empresas están siendo, en general, buenos”, destacó.

Por el contrario, sí se espera que en el primer trimestre del ejercicio 2023 el crecimiento sea negativo, en torno al -0,3%, debido fundamentalmente “a la contracción de la demanda interna y de las exportaciones”. Esta previsión de crecimiento para los dos próximos trimestres descartaría la recesión técnica -dos trimestres consecutivos en negativo-, que sí han considerado como el escenario más probable otros organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

En cuanto a la inflación, el Consejo General de Economistas indicó que la tasa de inflación subyacente, que se mantiene en el 6,2% en el mes de octubre, y el “alto porcentaje que supone el componente estructural de la inflación” es “donde se centra” el problema, dado que es “independiente de la coyuntura geopolítica en la que estamos inmersos”.

Asimismo, el informe subrayó que el hecho de que el incremento de los precios en España vaya a ser inferior a los de la Eurozona también en octubre “podría ayudar a que las exportaciones tengan más peso en la economía, ahora que parece que la demanda interna y el turismo se están estancando”. Para ello, reclamaron que, además de ser más competitivos en precios, es “necesario” incrementar la productividad de las empresas.

Respecto a la tasa de desempleo, el análisis puso el foco en la baja de cerca de 46.000 empresas durante de 2022, afectadas por “el incremento de los precios energéticos, las cargas sociales y la presión fiscal a lo que se ha unido el incremento de los tipos de interés”. Sobre esta última subida, el organismo aseveró que les parece “elevada” ya que “debilita aún más la demanda” y apuntó que es “posible” que aumente la tasa de morosidad en los próximos meses.

La subida de la tasa de paro en la última Encuesta de Población Activa (EPA) hasta el 12,67% llevó a los expertos a considerarla como un “aviso de lo que podría suceder en los próximos trimestres” y a revisar su previsión de desempleo para 2022 tres décimas al alza, hasta el 12,7%, y hasta el 12,9% en 2023.

Por otro lado, la previsión del organismo es que los precios de la energía y las materias primas “cederán en el primer semestre 2023” por las medidas de política monetaria “tendentes a enfriar el consumo”. A esta cuestión, consideraron “necesario” sumar un pacto de rentas “para que tanto los márgenes empresariales como los sueldos se mantuvieran con objeto de no generar inflación de segunda ronda”.

Asimismo, subrayaron que los fondos europeos “no están siendo aplicados al ritmo que estaba previsto”. De los 47.000 millones asignados para 2022, solo “parece que se van a utilizar entre 9.000 y 15.000 millones de euros, lo que hace que el efecto en el PIB sea irrelevante”.

PRESUPUESTOS

Sobre los presupuestos para el año 2023, criticaron que la diferencia entre las previsiones macroeconómicas utilizadas por el Gobierno frente a la del resto de analistas unida al “riesgo de ligar gastos estructurales a la inflación" pueden "dificultar su cumplimiento dadas las actuales circunstancias”.

No obstante, aplaudieron la inclusión de otras partidas para financiar políticas destinadas al comercio, el turismo y las pymes, así como el incremento del gasto en infraestructuras, ya que “podrían ser un revulsivo para la economía por su incidencia para la generación de empleo y el fortalecimiento del tejido productivo de España”.