Así lo recoge el informe presentado este miércoles bajo el título ‘Entre el cuestionamiento y el cambio: Discursos de la juventud sobre la democracia en España’, elaborado por el Consejo de la Juventud de España (CJE) y el Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en libertad, que forma parte del proyecto ‘DemocraZia con Z’, impulsado ambas instituciones.

La investigación, realizada durante el primer semestre de 2026, se basó en grupos de discusión y entrevistas con jóvenes de entre 16 y 29 años y servirá de base para el desarrollo de herramientas pedagógicas, iniciativas de participación y encuentros en distintas comunidades autónomas destinados a reforzar la implicación juvenil en la vida política y social.

El estudio sostiene que las personas jóvenes consideran que las instituciones no están respondiendo a sus principales problemas y perciben que apenas tienen capacidad para influir en la mejora del sistema democrático. No obstante, aclara que ese malestar no implica un rechazo a la democracia, sino una demanda de reformas que permitan hacerla más participativa, abierta y eficaz.

Con ese objetivo, el informe incorporó un decálogo de propuestas para orientar futuras políticas públicas. Entre ellas plantea ampliar las soluciones habitacionales para las personas más vulnerables, impulsar el alquiler asequible mediante regulación y reducción de precios, rebajar a los 18 años la edad mínima para acceder al Ingreso Mínimo Vital, reforzar la educación mediática y establecer mecanismos para supervisar la desinformación y los discursos de odio en redes sociales.

Asimismo, propone aumentar la inversión en políticas educativas sobre igualdad y tolerancia, crear espacios de reunión gestionados por jóvenes y facilitar la incorporación de menores de 30 años en la elaboración de políticas públicas relacionadas con este colectivo.

El análisis también señala que, aunque la juventud mantiene una valoración positiva de derechos como el voto o la libertad de expresión, existe una amplia distancia con la política institucional debido a la percepción de que los representantes públicos no rinden cuentas, no representan adecuadamente a la ciudadanía y no responden a sus demandas. Aun así, el voto continúa siendo considerado una herramienta imprescindible para preservar la democracia y evitar retrocesos políticos.

UN SISTEMA MÁS PARTICIPATIVO

La comisionada para la Celebración de los 50 años de España en libertad, Carmina Gustrán, afirmó que el descontento detectado “no conlleva la impugnación del sistema”, sino que refleja “un deseo de hacerlo más participativo, más abierto, más operativo y más democrático de facto”. En la misma línea, la vicepresidenta del CJE, Pilar Blasco, sostuvo que “la democracia no se experimenta únicamente el día de las elecciones”, sino también cuando las personas pueden emanciparse, acceder a un empleo digno o desarrollar un proyecto de vida.

Según el estudio, estas percepciones están ligadas a un contexto marcado por las dificultades de acceso a la vivienda, la precariedad laboral y la saturación digital, factores que alimentan el miedo al futuro y la sensación de incertidumbre permanente. Esa falta de expectativas provoca que muchos jóvenes duden de que su situación pueda mejorar y reduce su confianza en que la participación política sea capaz de transformar la realidad.

En este contexto, el voto y la protesta siguen siendo considerados instrumentos necesarios de participación, aunque con una capacidad limitada para influir en las decisiones políticas. Frente a ello, la juventud concede un peso creciente a otras formas de implicación, como mantener estilos de vida coherentes con sus valores, participar en redes sociales o formar parte de asociaciones y comunidades.

UNA JUVENTUD INFORMADA

El informe también analiza el impacto de la desinformación y concluye que mantenerse informado constituye una aspiración compartida entre la juventud, aunque existe una profunda crisis de credibilidad. Las redes sociales son el principal canal de acceso a la actualidad política, pero los propios jóvenes reconocen los riesgos derivados de la saturación informativa y de la dificultad para distinguir entre contenidos veraces y falsos.

Pese a ello, valoran la información procedente de medios de comunicación verificados y los formatos de mayor profundidad, aunque también muestran recelos por la influencia de intereses políticos y económicos. En este escenario, consideran que desarrollar el pensamiento crítico constituye la principal herramienta para relacionarse con la información y con la política.

El documento advierte igualmente de una elevada polarización entre la juventud, que dificulta el diálogo con personas de posiciones ideológicas diferentes y favorece que el adversario político sea percibido como alguien desinformado o influido por bulos y discursos difundidos a través de redes sociales, partidos políticos, la familia o la televisión.