Así lo avanzó este jueves el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad y director del Real Patronato sobre Discapacidad, Jesús Martin Blanco, durante su intervención, en la Fiscalía General del Estado, en la presentación de la campaña ‘Inclínate por lo fácil’, cuyo objetivo es promover la accesibilidad cognitiva en el ámbito de la justicia.

“En abril llevaremos a Consejo de Ministros el reglamento de accesibilidad cognitiva, que va a concretar lo que dice la ley, decir cómo se tiene que aplicar la accesibilidad cognitiva al ámbito de la justicia, la salud, la educación, los transportes, para que este reglamento llegue a todas las personas, también a aquellas con dificultades lectoescritoras y con problemas de analfabetismo funcional”, abundó, al tiempo que señaló que el ministerio ha querido elaborar dicho reglamento con una “visión amplia”.

En paralelo, señaló que Derechos Sociales está “ultimando” el primer documento para el consentimiento informado accesible, con el fin de que las personas hospitalizadas o en centros residenciales “puedan entender qué les van a hacer y puedan autorizar” y resaltó su “apuesta decidida” por formar a todas las unidades de violencia contra las mujeres en accesibilidad cognitiva.

Martín Blanco reivindicó, asimismo, que “la accesibilidad cognitiva tenía que estar en la ley, porque los derechos se fijan en el BOE” y subrayó que la ley de accesibilidad cognitiva “plantea un cambio importante en términos de calidad democrática”, convencido de que “se sigue sin entender que, si una persona tiene dificultades para memorizar y razonar, se le deben aportar entornos, productos y servicios comprensibles”.

BLINDAJE

“Esta ley genera obligaciones a las administraciones públicas, hemos blindado en la ley este derecho a comprender los entornos”, apostilló, al tiempo que afirmó que es “muy importante haber abolido ese estado civil restrictivo con implicaciones sociales individuales” que “impedían” a estas personas con discapacidad “participar en la ley” y se les “estaba negando su estatus de persona”.

Junto a ello, hizo hincapié en que “lo verdaderamente transformador” de esta norma es que “significa que, para poder defender nuestros derechos, tengamos que comprenderlos”, convencido de que “la inclusión va de pasar del relato a los hechos”.

En la misma línea, puntualizó que la española es la “única” constitución en el mundo que “lleva en su articulado la accesibilidad y la protección reforzada a las mujeres con discapacidad”, algo que juzgó “un hecho sin precedentes”. “Porque la ley de leyes nos está diciendo que los entornos tienen que ser universalmente accesibles”, prosiguió, al tiempo que defendió que este mandado constitucional “hay que llevarlo a la vida de la gente”.

“Para eso hemos propuesto una reforma en profundidad de las dos leyes que más impacto tienen en nuestra vida”, dijo, en relación a las leyes de discapacidad y dependencia, al tiempo que confirmó que, merced a dicha reforma, la accesibilidad “va a pasar de ser un principio rector a un derecho exigible ante la justicia”.

Con todo, adelantó que, aún teniendo “un corpus jurídico potente en materia de accesibilidad”, España va a “dar un paso más” porque “se necesita inversión” y, por ello, el Gobierno va a crear un fondo estatal para sufragar las intervenciones de accesibilidad que se requieran en los servicios públicos.