Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia confirmaron que está dotación, que se aprobará mediante un real decreto de concesión directa de subvención, se suma a los 40 millones de euros que, en distintas partidas, el Gobierno de España ha transferido a Canarias durante 2025 con el mismo propósito.

En total, durante el presente ejercicio, la cuantía asciende a 140 millones de euros, lo cual supone un incremento del 140% respecto al año anterior y un 3.802% más que en 2021. Supone aproximadamente el 90% del gasto total asumido este año por Canarias, cuantificado en 155 millones de euros, según las mismas fuentes.

Indicaron que con esta transferencia, el Gobierno mantiene su compromiso con las comunidades autónomas de llegada de infancia migrante. Según la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, su departamento "está poniendo todos sus recursos a disposición para que se garanticen todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes que llegan solos a nuestro país”. Según la titular de Juventud e Infancia, “esta es la responsabilidad y la obligación legal de todas las administraciones”.

El Ministerio de Juventud e Infancia destaca que ha asumido una responsabilidad directa y creciente en la protección y la acogida de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, mejorando los mecanismos de acogida y multiplicado la inversión pública destinada al cuidado, inclusión y acompañamiento.

El real decreto contempla garantías de control, justificación y calidad en la atención de la infancia migrante no acompañada. De este modo, el Gobierno exigirá la presentación de una memoria técnica e impacto social, así como informes de intervención autonómica que acrediten el destino de los fondos. En la misma línea, se requerirá al Gobierno canario una evaluación específica del impacto en la igualdad efectiva entre niños, niñas y adolescentes.

Este informe deberá recoger el impacto sobre la igualdad efectiva entre las personas menores de edad acogidas, con estadísticas, actuaciones realizadas y acciones positivas implantadas sobre las barreras sociales que producen las desigualdades que se produzcan atendiendo a edad y género. Asimismo, se debe recoger el cumplimiento de las finalidades de la subvención, entre ellos: el apoyo al acogimiento familiar, la lucha contra la pobreza infantil o los programas de transición a la vida adulta

Además, se habilita al ministerio y a otros organismos, como la Intervención General del Estado y el Tribunal de Cuentas, a realizar auditorías y comprobaciones técnicas, exigiendo la conservación de toda la documentación justificativa, con el propósito de garantizar que esta cuantía se destina exclusivamente al objetivo declarado: la protección integral y digna de la infancia migrante.