Los beneficiarios de esta subida, del 5,7por ciento, son en torno a 1.450.000 personas, de los que 250.000 son trabajadores en activo (en su mayoría empleadas de hogar), 200.000 pensionistas de rentas bajas y alrededor de un millón parados subsidiados de los Regímenes General y Agrario de la Seguridad Social.

Este millón de parados, que percibe una prestación equivalente al 75 por ciento del salario mínimo, cobrará en consecuencia 42.210 pesetas mensuales, los mayores de 18 años, y 27.877 los menores de esa edad.

Por otra parte, la subia también repercutirá en otros colectivos sociales, como los becarios y beneficiarios de otras ayudas al estudio, así como en los potenciales perceptores de ayudas para la adquisición de pisos al amparo del Plan de la Vivienda 1992-95.

Este último aspecto es especialmente importante ante la ampliación de las ayudas para la compra de pisos a personas con ingresos de hasta 5,5 veces el SMI, lo que dará derecho a ellas a quienes en 1992 ganen menos de 4.333.560 pesetas.

Estas personas podrán solicitr créditos a tipos de interés subsidiados al 11 por ciento. A créditos al 9,5 por ciento tendrán acceso los que ganen menos de 4,5 veces el SMI (3.545.640 pesetas) y al 7,5 por cien quienes ingresen menos de 3,5 veces dicho salario (2.757.720 pesetas).

El aumento del 5,7 por ciento en el SMI fue respaldado por la patronal CEOE en la ronda de consultas efectuadas por el Gobierno con los interlocutores sociales, en tanto que se opusieron a él los sindicatos UGT, CCOO, el vasco ELA-STV y la central gallea CIGA.

UGT y CCOO pidieron un aumento del 11,76 por ciento y la supresión del tramo para menores de 18 años, lo que hubiera supuesto un salario mínimo de casi 60.000 pesetas. Ambas centrales amenazaron con realizar movilizaciones si el Gobierno ratifica la subida del 5,7.

El secretario general de Empleo, Jesús Arango, manifestó que esta subida (inferior al 6 por ciento de aumento salario medio previsto en los Presupuestos del Estado para 1992) es la "única posible" en las circunstancias económics actuales, para contribuir a la creación de empleo.

El Gobierno desestimó también la fijación de una cláusula de revisión, por considerar que, al ser el colectivo de beneficiarios muy variable, es preferible compensar las desviaciones en el SMI del año siguiente.