Este proyecto, según destaca el Ministerio de Justicia e Interior, servirá para unificar la actual "dispersión" de las disposiciones legales sobre la materia.

A partir de ahora ya no serán los jueces, sino las distintas administraciones, las que verifiquen si una persona tiene recursos o no, para detrminar quién puede acceder a la asistencia jurídica gratuita. La decisión final seguirá recayendo en los jueces.

Además, asegura el ministerio, las denominadas Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, previa consulta con los colegios de abogados, "agilizarán" la tramitación de peticiones con ese nuevo sistema de verificación.