Este cambio, anunciado por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en un acto celebrado la semana pasada, que durante décadas estuvo dedicada a la transformación y desarrollo de solares industriales.

Con este cambio, la Entidad pasa de tener como actividad principal la urbanización y entrega de suelos y viviendas a las demás administraciones a actuar como una gran Entidad Estatal de Vivienda. Esta, además de urbanizar y de construir, se encargará de gestionar todo el ciclo residencial del parque público de vivienda estatal.

Respecto al nombre, la entidad se inspira en el Artículo 47 de la Constitución Española, que versa sobre el derecho a una vivienda digna. “Una casa es mucho más que cuatro paredes”, aclaró la ministra, quien afirmó que con este instrumento el Ministerio quiere garantizar el derecho a una vivienda digna.

Asimismo, Rodríguez anunció que a pesar de que una sentencia del Tribunal Constitucional enmendó la prohibición de desamortizar el parque público de vivienda que incluía la Ley de Vivienda, han encontrado un subterfugio legal para que las viviendas de esta entidad no puedan ser desamortizadas y ser vendidas a terceros. “Todo lo que se promueva, desarrolle y construya con un fin público permanecerá al servicio del interés general”, proclamó.

CAMBIOD EN LAS CONDICIONES

Respecto al precio de estas viviendas, se fijará con criterios de asequibilidad y tendrá un tope por comunidades autónomas. De esta forma, ningún alquiler podrá sobrepasar el 30% de la renta media del territorio y no podrá estar por encima de los precios de mercado actuales.

“Por primera vez, el precio del alquiler se fija en base a lo que la ciudadanía puede pagar, y no en base a lo que ha costado construir”, aseveró Rodríguez, que explicó que las viviendas que alquilará este organismo serán un 38% más baratas que la media actual de la ciudad de Madrid y un 50% más baratas que la media de la ciudad de Málaga.

Sobre los beneficiaros de estas viviendas, señaló que podrán serlo todas las unidades familiares que reciban entre 2 y 8 veces Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), lo que supone percibir entre 16.000 y 68.000 euros al año por unidad familiar, por lo que el 60% de los ciudadanos podrá optar a alquilar una vivienda de este tipo.

Asimismo, los contratos suscritos entre estos inquilinos y Casa 47 tendrán una duración de hasta 75 años. En primer lugar, se firmará un contrato de 14 años y este se irá prorrogando cada siete años siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones de acceso.

Además, de cara a simplificar el proceso de gestión y adjudicación de viviendas, Vivienda anunció que en 2026 se habilitará un portal online en el que se podrán consultar las promociones disponibles, así como los requisitos concretos de cada una. La plataforma permitirá formalizar las solicitudes de vivienda.

VIVIENDAS DE SAREB

Por otra parte, Rodríguez explicó que la cartera de Casa 47 se nutre de la incorporación de viviendas y suelos del Estado procedentes de otros Ministerios, como Hacienda, Defensa o Interior.

Además, recordó que el Gobierno anunció en julio la transferencia de 40.000 viviendas y 2.400 suelos con capacidad de albergar otras 55.000 viviendas procedentes de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Estas viviendas están en fase de ser transferidas y se irán poniendo a disposición de la ciudadanía paulatinamente.

Asimismo, recordó que, en lo que va de año, la entidad ha redactado los proyectos de más de 1.600 viviendas distribuidas por todo el territorio de España y anunció que próximamente lanzará una oferta pública de compra de 100 millones de euros para "seguir incrementando el parque público de vivienda".

Además, la entidad ya ha desbloqueado obras de urbanización con un alto impacto en ciudades como Sevilla, Ibiza o Valencia, y próximamente en Málaga y Madrid, tan solo pendientes de aprobación municipal.

En el acto, Rodríguez proclamó que el objetivo es consolidar una inversión en vivienda pública "continuada y sostenible", que "aporte certezas" a todo el ciclo residencial. Para ello, se prevé una inversión de 13.000 millones de euros en diez años, una cantidad "suficiente para generar un parque de viviendas capaz de retroalimentarse, sostenerse en el tiempo y atender la demanda de nuevos hogares al margen de los ciclos especulativos".

Por último, Vivienda aseveró que el esfuerzo inversor de Casa 47 contribuirá a la construcción de un nuevo parque público que sitúe a España en estándares europeos (8%), poniendo así fin al "carácter recurrente" de las crisis en materia de vivienda. "La infraestructura pública que velará por el derecho a la vivienda será también la herramienta del Estado para intervenir en el mercado a través de la oferta de vivienda asequible", sentenció Vivienda.