La construcción e este centro fue aprobada en aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, según la cual corresponde al Consejo de Ministros la decisión sobre instalaciones de interés social ubicadas en suelo no urbanizable.

Sin embargo, la futura "macrocárcel" de Aragón, que tendrá una capacidad para 950 reclusos, ya ha generado protestas entre los vecinos de la comarca del Bajo Gállego, que se han unido en una coordinadora con la finalidad de realizar acciones contra la construcción de este cenro.

Además, el pasado mes de enero, los vecinos celebraron un referéndum, que contó con la oposición expresa del alcalde socialista de Zuera, Javier Puyuelo, en el que se puso de manifiesto el rechazo al proyecto.