La idea central de esta reforma, según señala la referencia del Consejo de Ministros, es crear un órgano directamente dependiente de laFiscalía General del Estado que intervenga en los procesos de gran trascendencia social sobre delitos económicos relacionados con la corrupción.

En este sentido, el ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, manifestó en la rueda de prensa del Consejo que esos delitos son los relativos a prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias entre otros. Esta fiscalía tendrá una unidad de policía judicial a su servicio.

Con la creación de esta fiscalía se cumle una de las mociones acordadas por el Congreso de los Diputados el pasado 20 de abril, a raiz de una de las propuestas presentadas por el presidente del Gobierno, Felipe González. Está enmarcada en el conjunto de medidas propuestas por el Ejecutivo para una eficaz lucha contra la corrupción.

Antes de la aprobación del proyecto de ley, que ha sido remitido ya a las Cortes, el Gobierno ha consultado al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal, y se han incorporado al texto muchas de sus ugerencias técnicas, según señala la referencia del gabinete.

Por su parte, Pérez Rubalcaba señaló que esas aportaciones se habían referido fundamentalmente a la mejor precisión de los delitos, a la modificación del título de la ley y en lo relativo a la capacidad del fiscal general del Estado para decidir en qué asuntos entra o no la fiscalía anticorrupción.

En este sentido, se ha introducido una fórmula en el proyecto de ley por la cual el fiscal general del Estado informará cada seis meses al onsejo Fiscal sobre los asuntos en los que ha decidido que intervenga la fiscalía especial anticorrupción, según dijo Pérez Rubalcaba.