Así se decidió por unanimidad en una reunión telemática presidida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que también estuvieron presentes la subsecretaria del ministerio, Susana Crisóstomo, y la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones. Un encuentro en el que el ministro destacó que los acuerdos adoptados suponen "un importante paso adelante para garantizar un Sistema Nacional de Protección Civil más fuerte y actualizado de cara a las nuevas necesidades derivadas de la emergencia climática".

A través de esta guía, que fija esas especificaciones mínimas de los recursos disponibles, se establece el proceso para su activación mediante el Mecanismo Nacional de Respuesta en Emergencias, gestionado por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias, como instrumento operativo de movilización de capacidades, tal y como detalla Interior.

Así, el objetivo es "garantizar la autosuficiencia operativa de los medios y recursos de respuesta a las emergencias, su capacidad de despliegue rápido y su interoperabilidad para reforzar la eficacia y coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil en su conjunto". Para ello, se pondrá en marcha el Sistema de Gestión de Capacidades (Sigecan), una herramienta informática similar a la utilizada por el Mecanismo Europeo de Protección Civil que funcionará como "sistema común de comunicación e información de emergencias a nivel estatal" para gestionar de forma integrada los recursos y "mejorar el tiempo de respuesta en emergencias complejas".

OTRAS INICIATIVAS

Junto a esta Guía, el Pleno también aprobó por unanimidad impulsar la Plataforma Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres, compromiso asumido por España con el Marco de Acción de Sendai (2015-2030) de Naciones Unidas. Concebida como un "foro multisectorial y permanente" su función será la de coordinar "políticas, conocimientos y acciones preventivas para reducir riesgos, fortalecer la resiliencia y garantizar la protección de derechos frente al incremento de desastres", principalmente aquellos vinculados al cambio climático.

Asimismo, esta Plataforma "complementará al Consejo Nacional de Protección Civil" para así "promover la colaboración entre administraciones, el sector privado, la investigación académica y la sociedad civil", explica Interior.

Con una estructura reducida de cara a una mejor operatividad (una presidencia, que corresponderá a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias; una vicepresidencia, del Ministerio para la Transición Ecológica; una secretaría, y vocalías voluntarias de administraciones centrales, autonómicas y locales, empresas, universidades, colectivos vulnerables y medios de comunicación), entre sus funciones estarán "la integración de la reducción del riesgo en las políticas públicas y planificación estatal" o "mejorar la cooperación internacional, nacional y autonómica".

Por último, también se aprobó una declaración de intenciones para impulsar la creación de la Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias. En este caso, Interior remarca que salió adelante por mayoría, con la abstención de doce comunidades.

Se trata, explica, de un órgano que asumiría las funciones de la actual Dirección General de Protección Civil y Emergencias y que "nace de la necesidad de fortalecer el Sistema Nacional ante la nueva realidad de emergencias más frecuentes, complejas y simultáneas". Con su creación se pretende "fortalecer los recursos, la capacidad de coordinación y la modernización tecnológica del sistema Nacional".