En un comunicado, considera que la paralización de la gestión, a la que alude el Gobierno para justificar el nombramiento, "se arregla cumpliendo la ley y no saltándosela con una argucia legal injustificable y éticamente discutible, que apuesta por una presidenta interina por decisión gubernamental y sin ningún aval parlamentario".

Además, añade, "ni siquiera se ha abierto un plazo para que el Parlamento elija a un nuevo consejero para el puesto vacante tras la salida de José Manuel Pérez Tornero y a un presidente de la Corporación, tal y como establece la ley 17/2006, de la radio y la televisión de titularidad estatal".

"Modificar los Estatutos Sociales de RTVE como pretende hacer el Gobierno sienta un precedente muy peligroso al que debemos negarnos en defensa de nuestro servicio público porque abre la puerta a que cualquier partido al frente del Ejecutivo, independientemente de sus siglas, pueda repetir en el futuro este atajo legal en función de intereses partidistas y no profesionales", destaca el comunicado.

Los consejos de informativos temen que "la solución que se nos vende como transitoria acabará prolongándose sin un horizonte temporal", como ocurrió con Rosa María Mateo, que fue administradora única provisional durante tres años.

Por esto los consejos piden para RTVE "estabilidad y un proyecto profesional a largo plazo".