El precepto impugnado aborda cuestiones relacionadas con la protección, la instalación de placas o distintivos y la celebración de eventos y actuaciones en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol de Madrid, sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid.

El Tribunal, tras haber invocado el Gobierno en su recurso el artículo 161.2 de la Constitución, ha suspendido la vigencia y aplicación del citado artículo, desde la fecha de interposición del recurso (27 de marzo) para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.

El presidente del Gobierno en su demanda alega que el precepto podría vulnerar la competencia estatal para “la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales” (artículo 149.1.1ª de la Constitución), en relación con los artículos 49 a 53 de la Ley de Memoria Democrática. Y también sostiene que podría ser contrario a los artículos 10 y 15 de la Constitución.

El pasado mes de marzo, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el conflicto positivo de competencia promovido por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con el Acuerdo, de 16 de octubre de 2024, de la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, de incoación del procedimiento de declaración de Lugar de Memoria Democrática de la 'Extinta Dirección General de Seguridad franquista', localizada en la Casa de Correos.

El Gobierno y la Comunidad de Madrid mantienen un fuerte enfrentamiento sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática al edificio de la Puerta del Sol. El Ejecutivo autonómico reprocha al central que esté reduciendo la historia de la Real Casa de Correos “a un pasado tenebroso” con el objetivo de “dinamitar la Transición”.

Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, explicó en el momento de aprobarse el recurso en Consejo de Ministros que la Dirección General de Seguridad “franquista” fue “un centro de represión, de torturas e incluso de muerte” que hay que recordar.

Los artículos impugnados por el Gobierno están, a su juicio, “fuera de la Constitución” al establecer que “no se puede colocar una placa si no es autorizado por el propietario del inmueble”, en este caso la Comunidad de Madrid, y que cualquier acto de memoria deber hacerse con el “consenso” del Ejecutivo autonómico.

Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez recuerda que la Ley de Memoria Democrática indica claramente que “se puede declarar lugares de memoria independientemente de quién es el propietario de ese inmueble”.