Según informó este martes el Constitucional, el Consejo de Gobierno madrileño argumenta en su recurso que el decreto podría vulnerar varios artículos de la Constitución, al regular "el contenido esencial del derecho fundamental de las personas menores extranjeras no acompañadas a la libre circulación".

El Ejecutivo regional sostiene que la norma contraviene el régimen de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, específicamente los artículos 149.1.1 y 149.1.2 de la Constitución y los artículos 26.1.23 y 26.1.24 del Estatuto de Autonomía madrileño.

El recurso presentado por la Comunidad de Madrid también alega que el decreto vulnera los principios constitucionales de autonomía y solidaridad, recogidos en los artículos 2 y 138, así como el principio de "interdicción de la arbitrariedad de poderes públicos" del artículo 9.3.

Además, considera que el Real Decreto-ley 2/2025, aprobado el pasado 18 de marzo, incumple los principios de lealtad institucional y autonomía financiera establecidos en el artículo 156.1 de la Constitución.