Así lo anunció este martes el alto tribunal, que estudiará también estos recursos contra el real decreto del Gobierno para la distribución automática de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas.

En sus recursos, los demandantes alegan que la norma podría vulnerar, entre otros, los artículos 81 y 86 de la Constitución, así como ser contraria al orden constitucional de distribución de competencias e infringir el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas.

El Tribunal Constitucional ya había admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad contra este mismo Real Decreto-ley promovidos por la Comunidad de Madrid, Aragón, Cantabria y Extremadura.