Según informó este viernes el Constitucional, el recurso estaba dirigido contra diversos preceptos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

La sentencia, de la que ha sido ponente la vicepresidenta del órgano de garantías, Inmaculada Montalbán, aplica la doctrina establecida en resoluciones anteriores, que ya resolvieron recursos de inconstitucionalidad planteados en relación con la ley por el derecho a la vivienda.

El Ejecutivo vasco impugnó diversos preceptos sobre la normativa de vivienda, algo que ha sido desestimado. Así, se declara que el artículo 3 contiene unas definiciones operativas para la propia ley y no produce efectos de norma supletoria para las comunidades autónomas.

MATERIA “POLIÉDRICA”

Además, se indica que “el artículo 10.2 orienta la actuación de todas las administraciones competentes, en una materia tan poliédrica como la vivienda, con el objeto de velar por el pleno ejercicio de los derechos derivados de la propiedad y favorecer el acceso a ella”.

Asimismo, el Constitucional declara que lo dispuesto en el apartado seis de la disposición final primera no implica que el índice de precios estatal vaya a prevalecer sobre el autonómico, pues no impide que las comunidades autónomas puedan definir su propio índice de referencia para el ejercicio de sus competencias.

La sentencia cuenta con el voto particular de los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa y José María Macías.