El TC admitió este lunes a trámite el recurso de amparo planteado por diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre dos enmiendas que introducían reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, relativas a la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, en una modificación del Código Penal que incorporaba directivas europeas y modificaba los delitos de sedición y malversación.

Los diputados recurrentes alegan la vulneración de su derecho al ejercicio del cargo representativo de conformidad con lo establecido en el artículo 23.2 de la Constitución, en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de sus representantes, como consecuencia de la introducción de enmiendas “por parte de la mayoría parlamentaria a la referida Proposición de Ley Orgánica que no guardan conexión de homogeneidad con el texto enmendado”.

El Tribunal ha apreciado que la vulneración de derechos fundamentales alegada “no carece ‘prima facie’ de verosimilitud, atendiendo a la doctrina constitucional sobre el ejercicio del derecho de enmienda y la relación de homogeneidad que ha de existir entre las enmiendas y la iniciativa legislativa que se pretende modificar”.

Igualmente, el Constitucional considera que la cuestión planteada en este recurso de amparo tiene “especial trascendencia constitucional” al estimar que el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de “relevante y general repercusión social”, que, además, tiene “unas consecuencias políticas generales”.

Por todo ello, el Tribunal estima la solicitud de medidas cautelarísimas formulada por el PP y acuerda suspender cautelarmente la tramitación parlamentaria de los preceptos que modifican la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, introducidos en la referida Proposición de Ley Orgánica, que derivan de las dos enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, e introducidas en el texto de la Proposición de Ley Orgánica, aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2022.

A esta decisión del Pleno, que adoptará la forma de auto, han anunciado su intención de formular voto particular los magistrados Juan Antonio Xiol Ríos, Cándido Conde-Pumpido Tourón, Ramón Sáez Valcárcel, María Luisa Balaguer Callejón e Inmaculada Montalbán Huertas, que son los integrantes del sector progresista.