La vía sería la presentación de una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC o la elevación de una cuestión prejudicial al TJUE. Ninguno de los dos procedimientos paralizaría de manera automática la aplicación de la ley.

Fuentes jurídicas indicaron que los recurrentes tendrían a su alcance la posibilidad de pedir al Constitucional la medida cautelar de suspensión.

Además, los jueces españoles podrían plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE. Estas dos vías no son excluyentes y se pueden activar en paralelo. Las fuentes consultadas no se ponen de acuerdo sobre si esta vía supondría la suspensión en la aplicación de la ley, aunque el tribunal europeo recomienda suspender la norma hasta su pronunciamiento, sin establecer una obligatoriedad.

Miembros del Tribunal Supremo consideran que una ley de amnistía supondría una anulación ‘de facto’ de la sentencia contra los líderes independentistas, un reconocimiento de la licitud del proceso independentista de 2017 y el borrado de la separación de poderes, puesto que una norma del Legislativo impediría a los jueces ejecutar sus decisiones.