El órgano de garantías informó de que su Pleno decidió esta jornada admitir a trámite el recurso del Gabinete de Pedro Sánchez contra la norma madrileña. En concreto, la disposición afectada es la Ley 1/2026, aprobada por la Asamblea madrileña, que habilita al Ejecutivo regional para ejercer la acción popular en determinados ámbitos.

El órgano de garantías, tras haber invocado el Gobierno central en su recurso el artículo 161.2 de la Constitución, acordó suspender la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados. Esto se aplicará desde la fecha de interposición del recurso (16 de julio de 2026) para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.

En su demanda, el Gabinete de Sánchez alegaba que la norma madrileña podría ser contraria al artículo 149.1.6ª de la Constitución. En este punto establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación mercantil, penal y penitenciaria, así como sobre la legislación procesal.