Así lo demandaron en un manifiesto conjunto emitido a pocos días para la celebración de la Semana de la Pobreza Energética en el que, bajo el lema ‘Eficiencia burocrática, el camino hacia una eficiencia energética para todas’, exigieron la “simplificación” de los procedimientos de acceso a subvenciones para la rehabilitación y el autoconsumo energético y denunciaron las barreras económicas y burocráticas que, a su juicio, “impiden” a los consumidores vulnerables obtener las ayudas y acceder a la eficiencia energética, según precisó CECU en un comunicado.

En concreto, con el fin de garantizar un sistema de ayudas “eficaz y justo”, pidieron formularios de solicitud y concesión de subvenciones y ayudas redactados en lectura fácil, “accesibles y comprensibles” para personas con distintos niveles de formación así como campañas de comunicación de las ayudas “efectivas”, que combinen canales digitales y analógicos y que “hagan partícipes a los servicios públicos en contacto con la población vulnerable” o instrumentos de gestión y presupuestos “específicos dirigidos a colectivos vulnerables”.

En paralelo, abogaron por la “unificación” de los procedimientos entre las comunidades autónomas, la automatización de las concesiones y solicitud de la documentación “mínima necesaria” para acreditar las situaciones de financiabilidad, sin que suponga nunca una carga “innecesaria” para la ciudadanía, la mejora de los criterios de renta para el acceso a subvenciones de forma que se establezcan distintos tipos de acceso a las mismas y que las subvenciones no computen a efectos del IRPF o “impidan” el acceso a otras ayudas y subsidios públicos, “especialmente en el caso de las personas de rentas bajas o medias bajas”.

Tras puntualizar que las ayudas para la transición energética son “esenciales para que todas las personas tengan la posibilidad de reducir la demanda energética de sus viviendas y ahorrar en sus facturas”, las entidades advirtieron de que el sistema de ayudas actual es “injusto, obsoleto e ineficaz y deja de lado a las personas que más las necesitan”.

COMPLEJIDAD DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

“La complejidad de los procedimientos administrativos y los criterios económicos vigentes derivan en una distribución injusta de estas ayudas: según la OCDE, en España el 20% de los hogares más pobres solo recibe el 12% del total de las ayudas del Estado, mientras que el 20% más rico acapara más del 30%, casi el triple”, puntualizaron.

A este respecto, explicaron que, en el caso de la rehabilitación energética de viviendas, por ejemplo, aunque es financiada al 100% para los consumidores vulnerables, “en algunos casos se debe realizar el desembolso de manera anticipada y esperar después al ingreso de la ayuda, con la incertidumbre que ello conlleva”.

Por otro lado, indicó que “algunas” ayudas gestionadas por ayuntamientos tributan en el IRPF, “afectan al acceso a otros subsidios básicos, como el Ingreso Mínimo Vital o las pensiones mínimas o no contributivas, o son incompatibles con otras ayudas como las becas de estudios o comedor o las ayudas a medicamentos”, lo que, a su juicio, “supone una gran barrera para las rentas bajas y medias bajas”, tal y como, subrayó, le ha ocurrido a “varias” varias vecinas del Poblado Dirigido de Orcasitas, en Madrid, a las que la seguridad social reclama los complementos a su pensión mínima tras haber recibido la subvención.

“Deben revisarse estos criterios para que las ayudas de verdad lo sean y no se vuelvan en nuestra contra. Lo que nos ha ocurrido a nosotras no se debe repetir en ningún otro barrio o ciudad”, aseveró al respecto la presidenta de la Asociación de Vecinos Guetaria del Poblado Dirigido de Orcasitas, Manuela Navarro.

CAMBIO ESPECIALMENTE URGENTE

En este punto, para las organizaciones firmantes del manifiesto, el cambio resulta “especialmente urgente” en el contexto de crisis climática y económica actual, en el que el coste de vida es “cada vez más elevado” y un 43,5% de los consumidores en España está en situación de “vulnerabilidad energética”.

“Para enfrentar estos retos, es más necesario que nunca revisar las estructuras y la accesibilidad de nuestras administraciones y asegurar que las familias con rentas bajas y medias bajas puedan acceder a los beneficios de la eficiencia energética”, señalaron, convencidas de que, “de lo contrario, la brecha energética se ensanchará y aumentará el número de hogares en situación de pobreza energética”.

GRANDES BARRERAS BUROCRÁTICAS

Asimismo, hicieron hincapié en la existencia de “grandes barreras burocráticas” que, según su criterio, “generan desigualdades en el acceso a estas ayudas”, incluyendo el lenguaje técnico e “incomprensible”, la documentación “excesiva”, la “brevedad” de los plazos, los “retrasos” en las resoluciones o la “priorización” de los canales digitales que “dificultan” a personas mayores, migrantes, con menor nivel de formación o que viven en el ámbito rural acceder a estas ayudas “en condiciones de igualdad”.

“Para que la respuesta a la emergencia climática sea inclusiva y no produzca más desigualdad, los procedimientos deben ser más ágiles y sencillos para que cualquier persona, independientemente de su formación o nivel adquisitivo, tenga las herramientas para solicitarlos”, afirmó en este sentido Paz Serra, del área de energía de CECU, que solicitó una financiación pública “inclusiva, dirigida a los consumidores vulnerables, para hacer posible una transición energética socialmente justa”.