Según la resolución del tribunal, el dinero obtenido por la Generalitat no tenía un destio determinado, ya que no existía un plan concreto de saneamiento.

Fuentes jurídicas calcularon que si los afectados presentaran impugnaciones por el cobro de este canon, la Generalitat podría verse obligada a pagar cerca de 100.000 millones de pesetas.

El consejero de Medio Ambiente de la Generalitat, Albert Vilalta, dijo hoy que el origen de la sentencia es un defecto administrativo de forma y que el dinero que tendrán que devolver será de unos 200 millones, ya que sólo tendrán derecho al mismo as empresas y particulares que presentaron recurso antes de pagar los recbos pendientes.

Según Vilalta, la aplicación del cánon de saneamiento era legalmente correcta, aunque la decisión del tribunal ha dado la razón a una empresa que presentó un recurso contra el pago del mismo, la compañía de laminación Selsa.