Así lo defendieron, en declaraciones a Servimedia, el secretario general y portavoz de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, y el presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Fernando Móner, después de la entrada en vigor, el 1 de febrero, del periodo de validez de nueve meses para el certificado covid digital de la UE desde la finalización de la pauta completa de vacunación con una o dos dosis, en función de la vacuna, con el fin de “facilitar” los viajes dentro de la Unión.

A este respecto, Sánchez admitió que su organización ve “con gran preocupación” la situación en la que quedan los “numerosos” ciudadanos que han tenido covid-19 en los últimos meses y no lo han podido notificar “porque los protocolos han fallado, porque los teléfonos estaban colapsados y porque no han tenido esa posibilidad”, razón por la que, espetó, “Sanidad debería aclarar qué pasa con esas personas”.

“Si no se lo han podido notificar, no aparecen en el sistema como que han tenido la covid-19 y, por tanto, en los próximos meses, al no poder o no deber vacunarse por responsabilidad en un plazo de cinco meses tras la infección, se les podría incluso impedir el acceso a determinados establecimientos, porque no estarían al día en vacunas, pero, en realidad, sí lo estarían, porque tienen anticuerpos”, sentenció.

En este punto, el secretario general de Facua urgió también al Ministerio de Sanidad a “aclarar” la posible necesidad de “protocolizar” que a todas esas personas se les hagan test de anticuerpos “que avalen que han pasado la covid”, razón por la cual “no tendrían por qué ser excluidos del acceso a establecimientos de hostelería o que se les impidiera la entrada a otro Estado miembro por culpa del colapso del sistema”.

Por lo que se refiere al establecimiento en nueve meses de la fecha de caducidad del pasaporte covid europeo, cuyo plazo de aplicación se ampliará hasta el 30 de junio de 2023, Sánchez admitió que Europa “ha tenido que equilibrar fechas de validez” en función de la “disparidad” en los plazos de vacunación en cada Estado miembro.

CECU

Por su parte, el presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Fernando Móner, consideró que quienes dan positivo en un test de antígenos en su domicilio deberían acudir a la sanidad pública a “corroborar” el resultado porque, a su juicio, “nadie sabe si es verdad o es mentira, lo han hecho bien o lo han hecho mal”. “En el momento que lo corrobora la sanidad pública, ya están en el sistema y se lo van a poner en el pasaporte covid”, abundó.

“Lo que no se puede hacer es hacerte un autotest en tu casa, que te salga positivo y no decirlo a nadie”, espetó, para, a continuación, advertir de que de esta situación “no tienen la culpa los consumidores”, consciente de que se está proporcionando “una información confusa, cambiante e insuficiente, además de la infoxicación que hay sobre este tema en redes sociales”.

En cualquier caso, Móner instó a las autoridades a no adoptar decisiones “que lesionan derechos” y les emplazó a “ver todas las situaciones que se pueden provocar entre los diferentes tipos de usuarios y darles solución”.

En este sentido, subrayó la importancia de evitar también las brechas digitales y situaciones en las que una persona no pueda sacarse el pasaporte por falta de competencias y formación en nuevas tecnologías o de la “estructura” para hacerlo, por lo que reclamó la puesta en marcha de sistemas que les permitan descargarse el pasaporte, por ejemplo, en el centro de salud.

“Yo creo que, al final, lo que nos está dando el tiempo son diferentes casuísticas y la administración española y la Unión Europea lo que tienen que hacer es buscar soluciones a las diferentes casuísticas que se den”, apostilló, para defender que los responsables de establecer “criterios y plazos no son los políticos, sino que tienen que ser los científicos en base a toda la evaluación de los datos que tengan de los últimos dos años”.

A su entender, son ellos quienes “tienen que decidir la validez de esos pasaportes y, por lo tanto, el periodo de validez de las vacunas, de la existencia o no de anticuerpos y cuánto tiempo van a permanecer”. “La mayoría de respuestas se tienen que dar siempre desde una vertiente científica y no desde una vertiente política”, resolvió.

Con respecto a la caducidad del pasaporte, defendió que el plazo de nueve meses, “con los datos que se tenían hasta ahora de dos dosis de vacuna, era un poquito largo, pero, como ahora se está poniendo una dosis de refuerzo, todavía no se sabe cuándo desaparecerán esos anticuerpos”.

Finalmente, valoró la utilidad de la colaboración de la red de farmacias en la notificación de casos, para “evitar el colapso de la atención primaria” y para favorecer su incorporación al pasaporte covid.