Así lo anunció este lunes el gabinete que dirige Pablo Bustinduy en un comunicado en el que, sin mencionar su nombre, precisó que se trata de una empresa que organiza estos festivales en diferentes comunidades autónomas del país, razón por la cual se puede intervenir desde el ministerio.

Las posibles prácticas abusivas de esta promotora serían de tres tipos e incluirían prohibir de forma “expresa y generalizada” el acceso al recinto del festival con comida y bebida del exterior, registrando a los asistentes y denegando el derecho de acceso de forma “potencialmente arbitraria”.

Asimismo, prohibir que los asistentes a un festival puedan salir y acceder de nuevo al recinto libremente, obligándoles a abonar una cantidad adicional para evitarlo y establecer como obligatorio un sistema de pago a través de pulseras cashless para poder hacer pagos dentro del recinto pero sin admitir la devolución del reembolso de la cantidad sobrante por debajo de una cantidad mínima, e imponiendo gastos de gestión para llevar a cabo el reembolso, así como estableciendo un tiempo limitado para que los asistentes puedan hacer uso de este reembolso.

Según señala Consumo, estas prácticas, de constatarse, serían prácticas abusivas en tanto en cuanto supondrían una infracción del artículo 47.1.j del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias y, en caso de ser calificadas como infracciones muy graves, serían penalizadas con multas de entre 100.001 euros y un millón de euros.

Tras la apertura de este expediente sancionador, se abre ahora un periodo máximo de nueve meses para su instrucción y para su resolución por los órganos competentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, si bien el departamento que lidera Bustinduy recordó que la iniciación del expediente “no prejuzga el resultado final de la investigación”.