Así lo anunció este jueves el gabinete que dirige Pablo Bustinduy en un comunicado en el que precisó que el ministerio identificó durante la investigación cuatro potenciales infracciones por las que ahora se ha procedido a la apertura de este expediente a la inmobiliaria.

En concreto, serían la imposición a la parte arrendataria de un seguro de impago, la incorporación de una cláusula de reconocimiento de negociación individualizada del contrato de adhesión, la imposición de una penalización desproporcionada por cada día de retraso en la entrega de la vivienda y la incorporación de una cláusula que impone al arrendatario gastos y penalizaciones injustificados en relación con los equipos de suministros y el cambio de titularidad de dichos suministros.

Cada una de estas infracciones podría ser considerada como una cláusula abusiva y acarrear multas de hasta 1.000.000 euros por cada una, o entre seis y ocho veces el beneficio ilícito.

Tras la apertura de este nuevo expediente sancionador, la Dirección General de Consumo recuerda que la iniciación de estos expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación.

ALQUILER SEGURO

El pasado mes de abril, Consumo ratificó una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra sus inquilinos.

Según defendió el ministerio, la inmobiliaria cometió seis infracciones tipificadas como muy graves y una como grave al “vulnerar los derechos de los consumidores y aprovechar su posición de predominio de mercado”.

La resolución devino firme y agota la vía administrativa después de que el ministro Pablo Bustinduy resolviese el recurso de alzada interpuesto ante él y después de que la Dirección General de Consumo abriese un expediente sancionador a esta inmobiliaria por prácticas abusivas.