Así lo precisó en el marco de su reunión en Santiago de Compostela con la alcaldesa de la ciudad, Goretti Sanmartín, para abordar la problemática que supone la proliferación de anuncios ilícitos de viviendas turísticas en la capital gallega y abrir “vías de colaboración” con el fin de “perseguir” este tipo de publicidad ilícita, según subrayó su gabinete en un comunicado.

Con motivo de esta visita, el ministro entregó a la alcaldesa un archivo digital con información recopilada por la Unidad de Análisis de Consumo en el que se recogen datos sobre esta materia.

A través de este archivo, Bustinduy dio a conocer que, en una única plataforma de alquiler online, se han detectado 406 anuncios de viviendas turísticas en Santiago de Compostela, un dato que contrasta, a su juicio, con el hecho de que en esta ciudad solo se han concedido 66 licencias para alojamientos turísticos.

Además, Bustinduy trasladó al ayuntamiento de la capital gallega las direcciones de 221 pisos turísticos que se anuncian de manera online en la ciudad, información que, según explicó, facilitará la apertura de procedimientos por parte del consistorio para retirar estos anuncios, solicitar el cese de su actividad e, incluso, abrir posibles expedientes sancionadores.

PASOS FIRMES

En este punto, el ministro quiso reconocer y agradecer los “pasos firmes” que, a su entender, está dando el Ayuntamiento de Santiago “para acabar con el descontrol de los pisos turísticos y para perseguir su oferta ilegal” y “poner orden” en el sector y puso a disposición de la alcaldesa “toda la colaboración, disposición y herramientas” de Consumo, ofreciéndole no solo las evidencias digitales que se le entregaron este viernes, sino también su respaldo jurídico a las actuaciones que están llevando a cabo desde el consistorio para poner fin a la comercialización y la publicidad ilícita de estos alojamientos en plataformas de alquiler turístico.

Con este objetivo, Bustinduy reclamó, a su vez, a la Xunta de Galicia que no “ponga escollos” a los ayuntamientos gallegos para dar de baja los alojamientos turísticos del registro autonómico y adelantó que, “en los próximos días”, se entregará al gobierno gallego un archivo digital que recopila datos en esta materia referidos a toda la autonomía.

A este respecto, el ministro detalló que, según la información que ha recabado la Unidad de Análisis de Consumo, en Galicia se han identificado 14.960 anuncios de alojamientos turísticos, de los cuales 9.125 serían ilegales ya que no muestran número de licencia.

“Son casi un 60% y, por tanto, vamos a ofrecer a la Xunta de Galicia también toda nuestra colaboración para poder poner coto a esta situación y, con ese mismo ánimo constructivo y colaborativo, estoy seguro de que podremos encontrar la manera de que cada administración haga su parte y podamos solucionar esta situación”, abundó, al tiempo que instó a la Xunta de Galicia a colaborar con su departamento y con los ayuntamientos gallegos en la lucha contra esta publicidad ilícita.

RIGOR Y FIRMEZA

Tras advertir de que su cartera “va a actuar con todo rigor y toda firmeza en el ámbito de sus competencias para poner orden en el mercado de la vivienda”, Bustinduy urgió al ejecutivo gallego a que “no ponga dificultades ni escollos o trabas burocráticas a los consistorios para declarar zonas tensionadas”, ya que, según puntualizó, esta herramienta permitiría a los ayuntamientos poner topes a los alquileres abusivos, en aplicación de la Ley de Vivienda.

En este contexto, criticó que “ninguna administración autonómica gobernada por el Partido Popular ha decidido aplicarla”, razón por la cual volvió a emplazar a su líder, Álberto Núñez Feijóo a que, “de una vez, dejen de poner excusas y apliquen la Ley de Vivienda y declaren zonas tensionadas para poder introducir topes a los alquileres en las grandes ciudades”.

Con esta visita a Galicia, el ministro Bustinduy continúa con la iniciativa que puso en marcha desde Consumo para colaborar con diferentes administraciones a nivel autonómico y local en la lucha contra los pisos turísticos, como ya hizo en Islas Baleares, Andalucía y Madrid, facilitando evidencias digitales a gobiernos de estos territorios encaminadas a “perseguir” la publicidad ilícita de estos pisos, en muchas ocasiones ilegales, que, según su punto de vista, “están lesionando gravemente el derecho a la vivienda de la ciudadanía”.